Amnistía Internacional, en su último informe anual, denunció que Venezuela no ha detenido 'las agresiones y la intimidación' en contra de los opositores, defensores de Derechos Humanos y periodistas de su país.

Es así que acusó al presidente Nicolás Maduro de reprimir a la disidencia con penas de cárcel y represión armada. En ese sentido, puntualizó que el mandatario aplica 'ejecuciones extrajudiciales' y 'juicios sin garantías' para perseguir a sus enemigos:

"Las personas que se oponían políticamente al gobierno afrontaron juicios sin garantías y encarcelamientos. Hubo nuevas denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad; tal práctica se saldó con decenas de muertes, algunas de ellas en circunstancias que apuntaban a que podía tratarse de homicidios ilegítimos".

Asimismo el informe destaca que los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas del 2014, aún no han comparecido ante la justicia. Al mismo tiempo denunció que el Poder Judicial no tiene independencia.

La libertad de prensa

Sobre la situación de la libertad de expresión y de información en Venezuela, la ONG dijo que los propietarios de los medios de comunicación y periodistas que se mostraban críticos con el régimen, tuvieron que enfrentar cargos de difamación, además de agresiones e intimidación. 

Por otro lado también denunció que el Gobierno no ha acatado el fallo internacional que lo obliga a devolver a sus propietarios la señal de Radio Caracas Televisión (RCTV), la misma que fue expropiada por el expresidente Hugo Chávez en el 2007. 

Las detenciones arbitrarias

Amnistía Internacional dedica un capítulo completo a la terrible situación que tienen que enfrentar los presos políticos en Venezuela, en especial la del líder opositor y a la fecha encarcelado, Leopoldo López. A él se le consideró como 'un preso de conciencia'. 

Cabe indicar que López enfrenta una pena de 13 años y 9 meses de prisión después de un juicio en el que 'no existían pruebas fehacientes que respaldaran las acusaciones y las declaraciones públicas realizadas por las autoridades antes de su condena'.

Es de esta manera que la ONG denunció que el presidente, al pedir su encarcelamiento, socavó gravemente el derecho del acusado a un juicio con las debidas garantías. 

De igual manera menciona los casos de Rosmit Mantilla, un activista por los derechos LGBTI y miembro del partido Voluntad Popular, y Emilio Baduel Cafarelli y Alexander Tirado Lara, ambos condenados a ocho años de cárcel por instigación pública:

"El fiscal no aportó pruebas que fundamentaran los cargos y el juez desestimó pruebas periciales que señalaban que ninguno de los dos había manejado explosivos o sustancias inflamables".

El uso de la fuerza

Por otro lado criticó la decisión del Ejecutivo de autorizar a las Fuerzas Armadas el uso de la fuerza para mantener el orden público:

"También posibilitaba que se autorizara el uso de armas de fuego durante las actuaciones policiales en las protestas públicas. La resolución no transmitía un mensaje claro de que no se toleraría el uso excesivo de la fuerza en dichas operaciones. Se siguieron recibiendo noticias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad".

Es así que citó el caso de Kluiberth Roa Núñez, un adolescente de 14 años que murió luego de ser alcanzado por una bala de goma disparada por las fuerzas de seguridad en Táchira cuando se hallaba cerca del escenario de una protesta. 

Los Derechos Humanos

Asimismo ha criticado con dureza la política que se usa en contra de los activistas de Derechos Humanos:

"Tanto el presidente Maduro como el presidente de la Asamblea Nacional, entre otros, dieron por la televisión nacional los nombres y apellidos de defensores de los derechos humanos a los que acusaron de dañar la reputación del país y de socavar al gobierno".

Las ejecuciones extrajudiciales

La organización denunció que las fuerzas del orden pusieron en marcha la Operación de Liberación y Protección del Pueblo en julio pasado con el objetivo de reducir los elevados índices de delincuencia. 

Es así que se recibieron numerosas noticias de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios y desalojos forzosos.

En ese sentido, cabe resaltar que Amnistía Internacional mostró cifras oficiales que hablaban de 52 civiles que perdieron la vida en enfrentamientos armados:

"La elevada cifra de bajas civiles, que contrastaba con la ausencia de lesiones o víctimas mortales entre la policía, apuntaba a que las fuerzas de seguridad podían haber recurrido al uso excesivo de la fuerza o haber cometido ejecuciones extrajudiciales".

Finalmente apuntó que el 90% de las más de 4.000 personas detenidas en los primeros meses de la operación fueron después puestas en libertad sin cargos, un hecho que indicaba que se habían efectuado una gran cantidad de detenciones arbitrarias. 

(Con información de infobae.com)

(Foto de cabecera: televisa.com)