I
Publicado: 2016-01-28
El representante de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Francisco Soberón, cuestionó la decisión del Poder Judicial de absolver al coronel del Ejército Jesús Zamudio del caso Chavín de Huántar, pese a que todos los indicios lo sindicaban como responsable del crimen de Eduardo Cruz Sánchez, (a) "Tito", uno de los 14 subversivos caídos en la toma de la residencia del embajador del Japón en 1997. Anunció que apelará ante la Corte Suprema e incluso acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha ordenado que se identifique y sancione al autor del crimen.
LEE TAMBIÉN:
Poder Judicial absuelve a Jesús Zamudio por la ejecución extrajudicial del camarada 'Tito'
Caso Chavín de Huántar: Fiscalía solicitó cambio en acusación y esa no es una buena noticia
Chavín de Huántar: Jesús Zamudio fue capturado y está internado en Penal Castro Castro
- En su opinión, ¿qué criterio ha tenido la justicia en el caso Chavín de Huántar para absolver a Jesús Zamudio?
- Como representantes de la familia, creemos que la Sala Penal que ha absuelto al coronel Zamudio no ha permitido que las pruebas se valoren debidamente en la audiencia, en los testimoniales, y que se confronte al procesado con los policías. Recordemos que en este caso, el testimonio de los policías que se comunicaron con Zamudio, a quien le entregaron a "Tito", está acreditado; pero la Sala Penal ha cuestionado la versión porque no se elaboró un parte. Recordemos que esto ocurrió en 1997, cuando meses antes los Colina descuartizaron a la agente de Inteligencia Mariella Barreto; y torturaron a Leonor La Rosa. Entonces, era natural que los policías que trabajaban adscritos al Servicio de Inteligencia Nacional tuvieran temor.
- Ante esto, ¿qué acciones van a tomar?
- Tanto el fiscal como nosotros, representantes de la familia, pediremos que pase a la Corte Suprema, y de paso informaremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre esta sentencia, porque creemos que no hubo garantías de justicia para el esclarecimiento de la ejecución extrajudicial de Cruz Sánchez. Recordemos que la CIDH obligó al Estado peruano a determinar las responsabilidades individuales y las sanciones. Esta sala ha absuelto a Zamudio, que es quien ejecutó u ordenó a alguien bajo su mando para que produjera este asesinato dentro de la residencia. Recordemos que "Tito" ingresó vivo, fue entregado por los policías a un comando a cargo de Zamudio, y luego fue encontrado muerto. Esperemos que estos elementos sean valorados por la Corte Suprema. La CIDH puede declarar que estas investigaciones no dan garantías, y que el Estado peruano reactive un nuevo proceso.
- ¿Y qué harán si el caso pasa a la sala de Javier Villa Stein, que el año 2012 emitió una sentencia polémica sobre el caso Barrios Altos?
- En efecto, en ese proceso Villa Stein rebajó la pena a Vladimiro Montesinos y a un coronel de apellido Pinto, quien salió en libertad. La CIDH intervino ordenando al Estado peruano un nuevo juicio, y la Corte Suprema anuló la sentencia de Villa Stein. Si el caso llega allí, está fuera de nuestro control, pero estaremos vigilantes con mayor razón.
- Más allá del caso Zamudio, ¿qué temas están pendientes en el caso Chavín de Huántar?
- Este era el pendiente principal, porque el Estado debe determinar quién ordenó la ejecución. No puede ser que haya sido un fantasma, alguien la tuvo que hacer. "Tito" fue capturado vivo, fue entregado y apareció ejecutado, lo cual está acreditado. De igual manera, hay casos pendientes del primer gobierno de Alan García (1985-1990), como El Frontón, Accomarca, Cayara, los crímenes de Rodrigo Franco; y del segundo gobierno de Fernando Belaunde, como el de Cabitos y el de los periodistas asesinados en Uchuraccay, a quienes se les ha recordado con una romería en la zona. Los familiares de estos últimos no están satisfechos con lo investigado.
- Además de este caso, en los últimos meses han habido fallos controversiales ante casos como Castillo Páez, Pedro Huillca. ¿Qué opina de esa situación?
- En esos casos la justicia peruana ha pretendido consagrar impunidad y absuelto a los responsables, bajo el criterio de que los indicios razonables en casos de desaparición forzada no sean valorados adecuadamente- Cuando en la época del conflicto una persona era detenida y luego desaparecida, no era registrada en un libro del cuartel. La práctica judicial latinoamericana ante estos casos juzga en función a la recurrencia de los mismos en un ámbito territorial determinao, a la existencia en dónde recurrieron los hechos, y la excesiva cantidad de desaparecidos. Los indicios son presunciones razonables y fundamentales en los procesos de desaparición forzada, y esto no lo ha hecho la justicia peruana.
- De lo judicial pasemos a lo político. En la actual coyuntura electoral, la causa de los derechos humanos está en riesgo debido a que algunas opciones contrarias están en los primeros lugares. ¿Cuál es su valoración ante esta coyuntura?
- Indudablemente tenemos mucha preocupación. Hay candidatos que en sus declaraciones, comportamientos y actuaciones, buscan convalidar la impunidad y justificar lo ocurrido en el Perú como simples excesos, diciendo que fueron errores y no delitos. Evaden la justicia y se valen de influencias políticas en el Poder Judicial para dilatar los procesos. La justicia debe ser pronta, rápida, porque hay casos que datan de los años 80 y los familiares de las víctimas empiezan a fallecer por ley natural de la vida, sin tener la satisfacción del Estado peruano identificando a los responsables de las desapariciones. Esta es una deuda pendiente que la sociedad peruana, civilizada y democrática, no puede olvidar.
