Ante la inminente llegada de los refugiados a Europa y la presencia de terroristas en dicho territorio, muchos países han decidido implantar medidas drásticas para aumentar el control migratorio y así asegurar la economía y la seguridad de sus naciones.   

Es así que hoy el Parlamento de Dinamarca aprobó una controvertida reforma legal que restringe los derechos de los inmigrantes, especialmente en lo relativo a la reagrupación familiar. Y el punto más polémico de todo el paquete de medidas es la confiscación de todos los bienes que posean que excedan a las 10.000 coronas danesas, es decir el equivalente a unos 1.340 euros.

La propuesta del Ejecutivo de Lars Lokke Rasmussen, del Partido Liberal, ha buscado sumar el apoyo del Partido Conservador, de Alianza Liberal y del ultranacionalista y xenófono Partido Popular Danés, las tres agrupaciones políticas que soportan al Gobierno. Sin embargo, también ha solicitado el patrocinio del Partido Social Demócrata luego de que el Gabinete presentará varias modificaciones al proyecto de ley el pasado noviembre.

Es de esta manera que se ha estipulado que los refugiados, que en un primer momento no tienen permiso para trabajar, puedan conservar sus bienes personales de valor sentimental como aros de matrimonio. Asimismo se ha aumentado el importe de lo que podrán mantener, que en un principio se había establecido en solo 3.000 coronas, unos 402 euros.

La reforma fue aprobada por una gran mayoría: 81 de los 109 diputados presentes en la Cámara votaron a favor. Por su parte, tres legisladores socialdemócratas votaron en contra, además de los de los partidos de izquierda (Alternativa, Partido Socialista Popular, Izquierda Radical y Alianza Rojiverde). 

¿Por qué incautarles los bienes?

La razón para establecer la requisa de bienes a los refugiados, una medida que ya se ejecuta en Suiza y en algunos estados Alemanes, tiene dos vertientes: por un lado el Gobierno danés argumenta que debe igualar las condiciones de los peticionarios de asilo con las que se aplican a sus ciudadanos para acceder a la ayuda pública, y a los que se les pide que deben consumir todo su patrimonio antes de utilizar los subsidios del Gobierno. 

Por otro lado dicen que, según un reciente informe del Fondo Monetario Internacional, el costo fiscal de los refugiados en Dinamarca fue, durante el 2015, equivalente al 0,47% de su PBI, el mayor gasto después de Suecia (0,5%) y por delante de Alemania (0,2%). 

A pesar de ello, varias fuentes oficiales danesas afirman que lo requisado no servirá para subsanar el presupuesto puesto que a los refugiados no les queda mucho luego de tener que recorrer miles de kilómetros y verse obligados a pagar a los pasadores para llegar a su destino final. 

En ese sentido y en contraposición a esta argumentación, la ministra de Integración, Inger Støjberg, reconoció que el principal objetivo de la ley es reducir la afluencia de solicitantes de asilo. 

La reacción internacional

Andreas Kamm, el secretario general del Consejo Danés para los Refugiados, una ONG que trabaja en más de 30 países, califica la nueva legislación como inhumana. Y es que según el activista, la mayoría de los estados de la Unión Europea quieren parecer lo menos atractivos para los inmigrantes para que no decidan acudir a sus territorios. 

Siguiendo esa misma línea, Dinamarca aprobó la semana pasada una propuesta que obliga al Gobierno a presentar antes de marzo un plan para construir pueblos para refugiados fuera de las ciudades. 

Y aunque a simple vista lo más deplorable del paquete es la incautación de los bienes, una medida que ha sido comparada con las prácticas de la Alemania nazi, lo que más les preocupa a las organizaciones de ayuda a los asilados son las restricciones en lo que respecta a la reagrupación familiar. 

Con respecto a esto último, la ley estipula que todos aquellos solicitantes de asilo que tengan el estatus de asilo temporal por un año, tendrán que esperar otros tres, en lugar de 12 meses, para pedir que los miembros de sus familias se reúnan con ellos en el país. 

Según Refugees.dk, una página web de información especializada sobre los refugiados, un 20% de los inmigrantes sirios se encuentran en esta situación en Dinamarca. 

Otra de las nuevas medidas establece recortar en un 10% el dinero que reciben los refugiados. Es así que el Estado dará entre 37 y 220 euros al mes, dependiendo si en el centro en el que se encuentran se puede comer gratis o no. Pero la ley es claramente insuficiente pues Dinamarca es un país muy caro: solo una tostada tiene un valor de 2 euros. 

Según información de Eurostat, en el 2015 se registraron 894.005 peticiones de asilo en los 28 países de la Unión Europea, un 42% más que en el 2014. La gran mayoría (70%) buscan llegar a Alemania y Suecia.

Por su parte Dinamarca, con una población de 5,7 millones de habitantes, recibió durante los 11 primeros meses del año pasado 18.300 solicitudes, en comparación a las 14.715 de todo el 2014. 

(Con información de elpais.com)

(Foto de cabecera: Efe)