Si bien la ley de flagrancia ha sido bien recibida por la población, ya que desde que se promulgó el 29 de noviembre del año pasado varios delincuentes intervenidos in fraganti han ido directo a prisión en menos de 72 horas, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha alertado que la implementación de esta norma hará colapsar las cárceles que ya están hacinadas.
Y es que según declaró Julio Magán, presidente del INPE, al programa Cuarto Poder, si ya de por sí las cárceles han superado su capacidad, la aplicación de esta nueva ley -que implica la creación de 126 juzgados de flagrancia- significaría el ingreso de unos 17 mil internos más al año “cuando ya no hay espacio para uno más”.
“Si nos ponemos a hacer un ejercicio, que ingresarían 10 internos por cada órgano jurisdiccional al mes- como se ha anunciado-, estaríamos hablando de 1,500 internos adicionales nuevos, si lo proyectamos al año, hablamos de 17 mil internos. ¿Dónde vamos a poner a estas personas? Ya el sistema penitenciario está colapsado”.
En el Perú existen 67 establecimientos penitenciarios con capacidad para recibir a 33.300 reos; sin embargo, actualmente en los penales habitan 76.400 presos, más del doble de su capacidad de albergue. Sólo por citar un ejemplo, el penal de San Pedro (ex-Lurigancho) tiene una capacidad para 3.000 internos, pero hoy en día tiene una población penitenciaria que bordea las 9980 personas, es decir, sobrepasa su aforo permitido en 300%.
Aunque Magán no quiso calificar la ley de flagrancia, algunos especialistas señalaron que esta norma evidencia los problemas que afronta y que urge una inmediata revisión para evitar que los centros penitenciarios del país colapsen.
El exviceministro de Justicia Leonardo Caparrós señaló que esta norma “nos está revelando que tenemos penas excesivas, que se ha manoseado el Código Penal y que por temas mediáticos se han elevado las penas”. “A dónde van a ir a parar los sentenciados con la nueva ley de flagrancia, si en las cárceles no hay lugar para uno más”, acotó.
Para el psicoanalista Jorge Bruce, la norma -a la que calificó de “flagrantemente improvisada” ya que “no ha tomado para nada la complejidad de la situación”- tampoco tomó en cuenta que no todas las personas que son sentenciadas por conductas antisociales deben terminar en prisión. “Para ellos hay que buscar castigos alternativos para lograr su rehabilitación”, añadió.
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