Tres organizaciones humanitarias guatemaltecas expresaron hoy su beneplácito por la captura de 18 militares retirados por su supuesta vinculación con al menos 558 desapariciones forzadas en la década de 1980, y pidieron la aplicación de la justicia.
La dirigente de la asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), Aura Elena Farfán, y el abogado Mynor Alvarado, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), coincidieron en rueda de prensa en que el arresto de los oficiales retirados representa un paso más en la lucha contra la impunidad.
Estas dos organizaciones y la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA) saludaron en un comunicado conjunto la captura de los exintegrantes del Ejército señalados de "graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado".
"Durante décadas los familiares de las víctimas y sobrevivientes han esperado a que el Estado de una respuesta para la aplicación de la justicia", dice el texto.
Los tres organismos valoraron la voluntad política de los operadores de justicia, sobre todo del Ministerio Público, por dar con los supuestos responsables materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas.
Un total de 18 militares retirados, entre ellos Manuel Benedicto Lucas García, hermano del expresidente Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), fueron capturados ayer por su supuesta vinculación con al menos 558 desapariciones forzadas en la década de 1980.
De acuerdo con los análisis realizados por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), 22 de las víctimas eran menores de 3 años, 19 tenían de 4 a 12 años, y 44 entre 13 y 17 años.
Según los activistas, 212 de las víctimas estaban con vendas en los ojos, 106 con las muñecas atadas con lazos y 14 estaban amordazados.
"Así no es como enterramos a nuestros muertos, se evidencia que hubo un patrón y los hallazgos de las osamentas son pruebas contundentes contra los detenidos", aseguró Alvarado.
Agregó que estos delitos de lesa humanidad "deben ser castigados" porque "no es un caso de izquierda o de derecha sino delitos de lesa humanidad".
"Ninguna amnistía puede perdonar estos delitos de genocidio", enfatizó el jurista, al aclarar que como querellantes en este proceso "no buscamos venganza" sino la aplicación de la ley.
Por su parte, Farfán dijo que los familiares de las víctimas llevan más de tres décadas buscando la verdad, y reconoció el esfuerzo de los operadores de Justicia para que este caso no quede en la impunidad.
"Hay pruebas y testimonios sobre las torturas que sufrió la gente que fue sacada de sus comunidades y seguiremos en la lucha para encontrar la verdad y que se aplique la justicia", expresó la activista humanitaria.
Recordó que fue su organización, Famdegua, la que recibió en 2002 la denuncia de las desapariciones forzadas en Alta y Baja Verapaz, en el norte de Guatemala, por lo que se impulsaron las exhumaciones diez años después en los terrenos donde funcionó la Zona Militar 21 en Cobán.
"Allí fueron llevados los campesinos capturados y ya no salieron", manifestó.
Los 18 exmilitares detenidos tienen previsto presentar mañana su primer declaración ante la justicia.
La fiscal general, Thelma Aldana, afirmó ayer que existen pruebas sobre la posible participación de los arrestados en las desapariciones forzadas de las 558 personas, cuyas osamentas fueron encontrada en 2012 en donde ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz). EFE
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