Tal como lo hizo el premier Pedro Cateriano, el ministro de Justicia, Aldo Vásquez, salió a defender la extraña decisión del gobierno de no promulgar el tratado de extradición con Francia que el mismo Gobierno peruano negoció y suscribió con su par de ese país, y descartó cualquier irregularidad en este tema.
"Comprendo perfectamente este tipo de suspicacias, más aun en un escenario electoral, como el que estamos viviendo, pero no hay razón [...] en la hipótesis negada que una figura del gobierno pudiera ser requerida por la justicia, esto podrá hacerse invocando el principio de reciprocidad que hay entre los países, pero además cualquier gobierno puede aprobar el tratado", dijo a Canal N.
El ministro explicó que el Ejecutivo no busca cancelar el tratado con Francia sino mejorarlo. Una de las preocupaciones, por ejemplo, es que en el acuerdo internacional no queda claro si Francia se compromete a extraditar a sus ciudadanos.
Vásquez recordó que el artículo 113 del código penal francés señala que ese país podrá juzgar a sus ciudadanos en cualquier parte del mundo, pero los antecedentes indican que Francia no extradita a sus ciudadanos.
Agregó que los plazos de prescripción son más cortos en el país galo que en el Perú. Esta diferencia podría ocasionar que un extraditable 'alargue el proceso' para su beneficio.
Vásquez enfatizó que la tendencia es que rija la prescripción del país solicitante, es decir, donde se ha cometido el delito, tal como sucede en la Unión Europea y en los últimos tratados firmados por el Perú.
De hecho, la conclusión del Informe 164-2015, emitido por el Ministerio de Justicia (Minjus) el pasado 21 de diciembre, dice así: “Consideramos que el tratado aprobado debe ser renegociado”.
Este documento provocó que el presidente Humala no promulgue el proyecto del Ejecutivo que el Pleno del Congreso aprobó el 19 de noviembre pasado sin modificaciones para que el tratado entre en vigencia.
Pero antes de que fuera enviado al Parlamento, el texto del proyecto propuesto por el Ejecutivo ya tenía la opinión favorable de Minjus y diversos sectores reunidos en una comisión multisectorial, informó El Comercio.
El embajador Rafael Roncagliolo fue quien suscribió el tratado de extradición con Francia en su condición de canciller en ese momento, mientras que Eda Rivas y Daniel Figallo estuvieron al frente del Ministerio de Justicia durante el tiempo que duró el proceso de aprobación del tratado en el Congreso de la República.
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