Aunque este año no es pródigo en elecciones presidenciales en América del Sur (solo las que tendremos en el Perú), el 2016 será el momento en el que se notarán las consecuencias de los procesos electorales del 2015, que podrían terminar de inclinar la balanza en el continente hacia posiciones conservadoras.
ARGENTINA
Las elecciones del año pasado ya son historia. Mauricio Macri ya gobierna aquel país desde el pasado 10 de diciembre, y lo hace a punta de decretos de urgencia, tratando de desandar a la fuerza varios avances sociales del gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner.
El más polémico es la asimilación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) al Ministerio de Comunicaciones. Con esto, dicha entidad ya no tendrá autonomía para hacer cumplir la Ley de Medios, que establecía un margen para los medios alternativos y/o comunitarios y bloqueaba cualquier concentración de los mismos de parte de empresas privadas.
Aunque muchos dicen que esta norma fue el instrumento con el que la expresidenta Cristina Fernández se enfrentó al grupo Clarín, lo cierto es que esta Ley fue un pedido de la sociedad civil, desde antes del comienzo del "kirchnerismo" (2003-2015), que deseaba cambiar la Ley implementada durante la dictadura militar (1976-1983).
La norma de la dictadura favorecía a Clarín, que en los últimos seis años ha impedido, a punta de recursos judiciales, la plena aplicación de la nueva ley impulsada por el kirchnerismo, considerada por el Relator de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Frank Le Roy, como "la más democrática del mundo", en cuanto al derecho a la comunicación se refiere.
Hace dos días, un juez federal dejó sin efecto dicho decreto de Macri, devolviendo temporalmente el tema a fojas cero. Pero esto es solo el comienzo. Y no solo en este tema, sino en cuanto a otros decretos que pretenden garantizar el statu quo del que gozaban las grandes corporaciones antes de la llegada del kirchnerismo al poder.
VENEZUELA
Las recientes elecciones parlamentarias han sido un duro golpe para el gobierno de Nicolás Maduro, no solo por perder la mayoría parlamentaria de la que gozó desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999; sino porque ahora la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), tiene una mayoría absoluta de dos tercios.
Con ese instrumento, la MUD podría impulsar un proceso revocatorio, implementado en la Constitución venezolana, que se podría dar este año, cuando se cumpla la mitad de los seis años de mandato de Maduro. Si este prospera, el presidente venezolano podría dejar el poder antes de tiempo.
Sin embargo, ya se comienzan a notar algunas grietas en la MUD, cuyo único elemento común es su oposición al chavismo. Dentro de la MUD están inscritos parlamentarios y líderes políticos de diversas tendencias políticas (desde la derecha hasta la izquierda); y ya vienen exhibiendo algunas diferencias en los debates de la Asamblea Nacional.
El chavismo, bastante golpeado por la derrota electoral reciente en las parlamentarias, junto a su incapacidad para resolver problemas como la inflación y la escasez, podría aprovechar esa coyuntura de diferencias en la MUD y retomar la iniciativa. Por ahora, las aguas están calmadas.
BRASIL
El primer año de la segunda gestión de la presidenta Dilma Rousseff fue bastante "difícil", como ella misma lo ha reconocido. La aparición del caso "Lava Jato", la recesión económica que vive el país, junto a el pedido de un juicio político para una posible destitución, son temas que la golpearon en el 2015, teniendo una bajísima aprobación ciudadana.
Sin embargo, este último tema ha quedado en espera, gracias a que la justicia de su país ha frenado el proceso. Además, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que antes fuera su aliado pero que ahora es el principal impulsor del "impeachment" en su contra, también está jaqueado por denuncias de corrupción; y la destitución de este último está más cerca que la de Dilma.
Otro detalle que Dilma tiene a su favor que este año, del 5 al 21 de agosto, se realizarán los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, la ciudad más importante del Brasil. La cercanía de esta cita deportiva podría darle una tregua, y así ganar tiempo para recuperar la iniciativa política.
BOLIVIA
En febrero de este año se realizará un referéndum constitucional para aprobar o rechazar el proyecto que permite al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, presentarse a una nueva reelección.
La campaña electoral ya ha comenzado, y de prosperar esta iniciativa, Morales, que gobierna el país desde el 2006, en el año 2019 podría postular para un cuarto mandato, con lo que podría llegar a gobernar 19 años. De ser rechazado, solo gobernaría hasta el 22 de enero del 2020.
La derecha boliviana quiere evitar a toda costa un triunfo del "Sí" en este referéndum, muy posible por la amplia popularidad de la que goza Morales. Si gana Morales, le haría un contrapeso a una posible hegemonía derechista en la región; aunque aún perdiendo se mantendría en el poder.
El problema de la victoria del "Sí" radica, más en lo que se puede considerar como "antidemocrático", en la ausencia de cuadros de los denominados "gobiernos progresistas" en América Latina, que parecen no basarse en procesos, sino en "caudillos".
En Venezuela ya está claro: Maduro no es Chávez. Daniel Scioli no pudo llevarse la gran popularidad que tenía Cristina Fernández y perdió ante Macri. Si Dilma sobrevive, quien postularía por el gobernante Partido de los Trabajadores sería Lula da Silva, quien ya fue presidente entre 2003 y 2010. En Uruguay estuvo "Pepe" Mujica, pero su sucesor, Tabaré Vásquez, fue presidente entre 2005 y 2010.
Por ello, los movimientos políticos progresistas latinoamericanos que han sido gobierno deben comenzar a observar nuevas caras entre sus militancias, si pretenden conservar la hegemonía en la región.
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