La Corte Suprema de Brasil decidió que la Cámara de Diputados vuelva a elegir a los miembros de la comisión que analizará si hay razones jurídicas para iniciar un juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
Por una ajustada mayoría, los 11 magistrados del Supremo decidieron que la elección no podrá ser secreta y que cada partido político representado en la Cámara Baja postulará a los miembros de la comisión, que tendrán que ser elegidos en forma individual y no a través de listas.
De esa manera, la corte anuló la elección de los miembros de la comisión realizada el pasado día 8, cuando se presentaron dos listas de candidatos a integrar ese grupo y se impuso la propuesta por la oposición en un votación realizada bajo secreto.
EL PROCEDIMIENTO
La Corte Suprema intervino en el asunto a pedido del oficialismo, que pidió esclarecer algunos aspectos del trámite que debe ser seguido para el posible juicio con miras a la destitución de Rousseff, que se fundamenta en maniobras contables irregulares que el Gobierno ha hecho para maquillar sus resultados desde 2014.
Además de pedir opinión sobre la forma de elegir a esa comisión especial, el oficialismo argumentó que la Cámara de Diputados, antes de aceptar a trámite la solicitud de la oposición para enjuiciar a la mandataria, debería haber escuchado antes su defensa, lo cual fue negado por la corte.
Según la mayoría de los magistrados, Rousseff tendrá una amplia garantía de defensa durante el proceso y, en especial, frente a la comisión de diputados que decidirá sobre la legalidad de un eventual proceso.
El Supremo además ratificó que esa comisión debe preparar un informe, favorable o no al proceso, que deberá ser aprobado por una mayoría de dos tercios en el pleno de la Cámara de Diputados, que tiene 513 miembros.
Si la mayoría calificada del pleno votara por la continuidad del proceso, la palabra pasaría el Senado, que examinaría la decisión adoptada por los diputados y podría optar por archivar la causa o iniciar lo que sería el propio juicio político.
Si el Senado se inclina por enjuiciar a Rousseff, la mandataria deberá separarse del cargo mientras dure el proceso, para el cual habrá un plazo de 180 días.
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(Con información y foto de EFE)
