Esta semana el Congreso de la República decidirá si aprueba o no la nueva Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior que tiene como objetivo mejorar la calidad educativa de dichas instituciones.
El dictamen de ley es ampliamente respaldado debido a que plantea la Carrera Pública para los Docentes de Educación Superior, la transitabilidad y articulación de la educación superior en sus diferentes niveles (instituciones técnicas y universitarias), un diseño de licenciamiento para garantizar condiciones básicas, y la inclusión de la Educación Dual que permite la alternancia de la formación entre una empresa y un centro de formación.
Sin embargo, la creación del Organismo de Gestión de los Institutos y Escuelas de Educación Superior, denominado EDUCATEC -que es parte de la propuesta de la Ley de Institutos-, ha generado preocupación en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), debido a que en su configuración no se incluyen representantes de dicho nivel del Estado.
Una de las principales consecuencias que preocupa a la ANGR es que con la ausencia de representantes regionales en los consejos directivos no se garantice la pertinencia de la formación en la Educación Superior respecto a las necesidades locales. Asimismo, los representantes de las regiones advierten la duplicidad o colisión de competencias y funciones entre EDUCATEC y los gobiernos regionales. Ambos aspectos, señalan, serían contraproducentes para el proceso de descentralización del Estado.
"Lo que pedimos es que se incluyan a todos los gobiernos regionales para que también opinen sobre el plan educativo regional. Cada región tiene un plan educativo regional y este debe ser incorporado para que sustente esta reforma. Pedimos que se modifique esta parte de la ley", señaló Nelson Chui, presidente de la ANGR.
El artículo 56 del dictamen plantea la creación de Órganos Desconcentrados con comités técnicos consultivos de cinco miembros, con representantes de instituciones públicas especializadas y del sector productivo.
"EDUCATEC va a crear oficinas desconcentradas, no descentralizadas. Hay una diferencia fundamental. Serán dependientes de la oficina central de EDUCATEC en Lima. Esto va a generar una dualidad de la presencia en la fiscalización de los Institutos Superiores Tecnológicos en las regiones. Eso es una dificultad enorme para la viabilidad y va contra la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Ahí hay una clara disfunción de la organización del Estado", señaló Facundo Pérez, Secretario Técnico del Fondo del Estímulo a la Calidad de PROCALIDAD.
Si bien es conocido el bajo desempeño que han llevado a cabo los Gobiernos Regionales en materia de educación hasta ahora, para Pérez esto no significa que la solución sea quitarle las competencias, sino, por el contrario, reforzarlas. "También han habido buenas experiencias. Desde mi punto de vista, la región Piura es la que mejor desempeño ha tenido al respecto y en vez de utilizar esa experiencia como modelo, se va a cortar ese iniciativa".
"Cabría preguntarse por qué debería haber una diferencia entre las competencias de EDUCATEC y la SUNEDU, por qué el MINEDU tiene el rol invertido en materia de educación superior universitaria y en materia de educación superior tecnológica. Eso modalidades, más bien, deberían estar articuladas", agregó Pérez.
Por su parte, Chui afirmó que el expresidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, estaba de acuerdo con las modificaciones que planteaba la ANGR. Sin embargo, contactado Mora, señaló que "no es cierto" que las direcciones regionales dejarían de tener influencia con EDUCATEC y que "era un tremendo error" que "toda la potestad la tuviera las direcciones regionales de educación" en materia de influencia en el desarrollo de la currícula de un instituto. "La Dirección Regional de Educación no puede decidir por todo", agregó.
De no darse las modificaciones al dictamen de ley, Chui señaló que presentarían una queja. "No creo que sean tan intransigentes", dijo.
