Ante las denuncias por violaciones a los derechos humanos en Venezuela, una delegación peruana viajó al país para conocer de manera directa lo que está pasando en el país que gobierna Nicolás Maduro.
Entre el 21 y 23 de octubre, las defensoras peruanas de derechos humanos Rocío Silva Santisteban Manrique (exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos), Gisela Ortiz Perea (vocera de los familiares de las víctimas del crimen de La Cantuta) y la abogada Lilia Ramírez Varela (Instituto de Defensa Legal) estuvieron en Caracas, donde sostuvieron reuniones con representantes de organizaciones sociales, sindicatos, académicos, activistas por los derechos humanos y periodistas.
La delegación puso énfasis en la criminalización de la protesta, los problemas de libertad de expresión y la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela. Afirma que las denuncias no deben ser silenciadas, sino investigadas para el esclarecimiento de lo sucedido.
El Informe sobre esta visita a Venezuela señala que "pese a que se solicitó reuniones con representantes de instituciones estatales (...) nunca contestaron nuestras solicitudes, por lo tanto, la negativa a reunirse con las representantes de sociedad civil peruanas fue tácita". "Ningunos de nuestros requerimientos fueron atendidos. Un hecho que lamentamos pues, salvo algunas conversaciones informales con representantes del gobierno venezolano, no se pudo tener ninguna reunión oficial", se lee en el documento.
Los resultados y conclusiones de esta visita de la delegación peruana a Venezuela están en el "Informe sobre visita a Venezuela", cuyas conclusiones compartimos a continuación:
1. Criticamos los actos de violencia que se han producido al ejercer el derecho humano a la protesta. Episodios vandálicos son contraproducentes, tanto de parte de quienes manifiestan su oposición al gobierno, como del estado o grupos que actúan en su apoyo. Si bien todo país tiene derecho a luchar contra este tipo de delitos, el procesamiento debe hacerse bajo el estricto cumplimiento del derecho al debido proceso y, en ningún momento, se debe utilizar el derecho penal para la criminalización de opositores políticos, ni restringir el derecho de protesta, como lamentablemente está ocurriendo en Venezuela.
2. Queremos expresar nuestra especial preocupación por las situaciones de hostigamiento, amenazas, seguimientos y violencia que periódicamente enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Exhortamos al Estado venezolano a apoyar a los defensores, de manera irrestricta, cumpliendo con controlar a los grupos que realizan los actos violentos, así como a solicitar a sus altos representantes que moderen la actitud hostil hacia los integrantes de instituciones de sociedad civil que tienen posiciones disidentes a las políticas públicas que implanta el estado venezolano. Disentir o criticar no es sinónimo de ser enemigos del país.
3. El derecho humano a la libertad de expresión, dentro de la cual se encuentra la crítica y la protesta social, se debe de garantizar no solo cuando la difusión de ideas e informaciones son favorables, inofensivas o en apoyo del estado, sino también, y principalmente, cuanto ofenden, resultan ingratas, chocan o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Esta una exigencia trascendente para el desarrollo de una sociedad democrática, y que lamentablemente no viene cumpliendo el gobierno venezolano.
4. Exigimos el cumplimiento por parte del estado venezolano de todas las medidas cautelares otorgadas a favor de los defensores y defensoras de derechos humanos en este país; y exhortamos a que se realicen las investigaciones debidas y se sancionen los actos de violencia ejercidos contra éstos.
5. Es preocupante la crisis en la que se encuentran las personas deportadas a Colombia de Venezuela, y que fueron sujetas a expulsiones colectivas. La forma en la que se realizaron las deportaciones indica la violación de múltiples derechos humanos. Las fronteras no pueden convertirse en espacios de tensión ni en germen de la xenofobia y la reproducción de la violencia. Así también preocupa el discurso xenófobo que vienen intensificando ciertos actores del estado contra la población colombiana.
6. La comunidad de derechos humanos de Perú seguirá atenta a lo que viene ocurriendo en Venezuela en relación al ejercicio de los derechos humanos y a la situación de las personas que los defienden. Creemos en la importancia de la solidaridad internacional, máxime cuando se trata de un país hermano, a fin de visibilizar esta situación y esperando que el Estado retroceda en sus prácticas y busque la sanción de las violaciones que ya se han cometido.
- Lee el informe completo aquí.
(JLPA / Foto de portada: doralnewsonline.com)
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