Tras una larga espera, el Poder Ejecutivo escuchó el pedido de la sociedad civil y declaró de interés nacional la atención prioritaria de las victímas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995 y el 2001. Crea, además, un registro de las víctimas.
En el Decreto Supremo N°006-2015-JUS, publicado en el boletín oficial de El Peruano, el Gobierno señala que ha tomado esta decisión tras evaluar los informes de la Defensoría del Pueblo y las investigaciones del Ministerio Público sobre estos graves delitos que atentaron contra los derechos civiles e humanos de miles de mujeres peruanas.
La norma tiene por objeto establecer un marco jurídico "para implementar, con carácter prioritario, la asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral a las víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre los años 1995 a 2001, así como la creación del registro correspondiente a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos".
En su artículo 5, explica que este registro "tiene como finalidad identificar el universo de personas afectadas y garantizar su acceso a la justicia". Del mismo modo, en su artículo 6 y 7 se dispone que las víctimas incluidas en el registro reciban una atención integral de salud, así como acompañamiento psicológico y social.
LaMula.pe conversó sobre la importancia de este Decreto Supremo con Ana María Vidal, secretaria adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Ella señaló que esta norma ha sido esperada largamente, por las víctimas, por casi veinte años. Y aunque es un primer paso, la especialista apunta que "la norma no contempla otro tipo de reparaciones como simbólicas o indemnización, y tampoco reconoce que "son obligaciones que [el Estado] aún tiene pendientes".
Agregó que, según cifras oficiales, fueron aproximadamente 270.000 mujeres esterilizadas durante esos años. "No puede ser que no haya registros de sus historias clínicas. Por eso la demanda del registro. Es como empezar una Comisión de la Verdad de lo ocurrido".
Cabe recordar que las esterilizaciones forzadas producidas en el periodo antes mencionado fueron una política de Estado iniciada en la década de los noventa. La CNDDHH tiene muy claro quiénes fueron los principales responsables: "Fue una política de Estado de la cual el ministro Marino Costa Bauer y el viceministro Alejandro Aguinaga rendían cuenta al entonces presidente Alberto Fujimori", señala claramente Vidal.
Cabe mencionar que en la actualidad existe una investigación en el Ministerio Público a cargo de la fiscal Marcelita Gutiérrez.
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