La directora del Estudio para los Derechos de la Mujer (Demus), María Ysabel Cedano, informó que el Estado peruano se ha comprometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a interponer acciones para investigar y sancionar a los responsables de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Cedano informó que este acuerdo fue tomado el pasado 21 de octubre, en la sede de la CIDH en Washington (Estados Unidos), en el marco de la reunión celebrada entre ambas partes sobre el caso de Mamérita Mestanza, fallecida en 1998 a causa de esta política de Estado.
El embajador del Perú en la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Jiménez Mayor, anunció que el Estado peruano interpondrá oficios ante el Ministerio Público, a fin de que la Fiscalía a cargo del caso, cuya titular es Marcelita Gutiérrez, pueda resolver la investigación en el plazo determinado, en febrero del 2016.
En ese sentido, Cedano indicó que "no debe haber una ampliación adicional, creemos que el Fiscal de la Nación debe adoptar medidas para evitar la impunidad de los responsables políticos (...) Esta larga demora para que las víctimas obtengan justicia también vulnera sus derechos".
Asimismo, instó a la fiscal Marcelita Gutiérrez a considerar las nuevas pruebas que han difundido los medios de comunicación en los últimos meses, así como las declaraciones de los médicos, que rechazaron tener responsabilidad directa en el caso, sino que reconocieron haber sido obligados por las autoridades de salud en el fujimorismo para ejecutar dichas acciones.
Las esterilizaciones forzadas se produjeron como una política de Estado del régimen de Alberto Fujimori, con financiamiento de la cooperación de Estados Unidos y de las Naciones Unidas. A causa de esto, más de 300 mil mujeres fueron esterilizadas forzosamente, causando secuelas en su salud e incluso su muerte, como el caso de Mamérita Mestanza.
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