Desde el año pasado, meses antes del inicio de la COP 20, hubo un intenso debate en el Congreso de la República sobre la necesidad de que el Perú cuente con una Ley Marco de Cambio Climático. De hecho se intentó aprobar una a propósito de la cumbre de la ONU en Lima, pero finalmente quedó pendiente. En marzo de este año, la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley N° 3356, que propone la Ley Marco para la Gestión Pública de Cambio Climático. Nunca pasó al Pleno para ser discutido.

El cambio climático en el Perú afecta con fuerza al sector rural y pone en riesgo la seguridad alimentaria, la economía, el desarrollo social, entre otros aspectos. Y aunque el 2014 fue denominado “Año de la Promoción de la Industria Responsable y Compromiso Climático”, y a pesar del sinnúmero de actividades organizadas por el Ministerio del Ambiente y otras instituciones públicas y de la sociedad civil, así como la existencia de políticas climáticas que dependen de leyes de menor rango –que, algunos han advertido, podrían ser modificadas por intereses coyunturales– el Perú todavía no ha hecho lo suficiente para impulsar normas a favor de la mitigación y la adaptación al cambio climático.  

Actualmente hay normas legales, políticas y planes de acción –en los ámbitos nacional, regional y local– relacionadas con el cambio climático, pero no están articuladas entre sí. Requerimos, entonces, una ley marco, una que contenga una política nacional de mitigación y adaptación del cambio climático. Una norma que no sea un saludo a la bandera sino que más bien cuente con financiamiento, impulsada e implementada e incluya a los sectores más vulnerables.


Una ley en serio

Ayer, martes 3 de octubre, la Comisión de Descentralización del Congreso aprobó el predictamen de la Ley Marco del Cambio Climático mediante la cual se busca establecer el marco legal e institucional de las políticas públicas orientadas a la gestión de las medidas de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.

Esta norma busca fortalecer la gobernanza e institucionalidad a nivel nacional, regional y local en materia de gestión, mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a los efectos del cambio climático, aumentar la capacidad adaptativa y de resiliencia de la población, y promover modelos de desarrollo sostenibles e inclusivos compatibles con el contexto del cambio climático.

Al respecto, la presidenta de la Comisión, Verónika Mendoza, señaló: “Esta norma permitirá orientar y articular la acción del Estado incorporando la gestión del cambio climático en el diseño y ejecución de las políticas públicas, concordando la diversidad de las realidades regionales y locales, y el carácter unitario y descentralizado del Estado peruano. De esta manera tendremos un Estado más eficiente al momento de elaborar propuestas de control y mitigación de daños debidos a los gases invernadero”.

De acuerdo con la propuesta, el ente rector de esta política integral será el Ministerio de Ambiente, que deberá desarrollar, dirigir, supervisar y ejecutar las políticas públicas en materia de cambio climático, con apoyo de los gobiernos regionales y locales, la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático y la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas sobre Cambio Climático, cada uno en el ámbito de su competencia.

“Es urgente tener una norma que permita que el Estado sea más eficiente y esté preparado para el momento en que se presenten situaciones extremas en las cuales necesitaremos tomar medidas para disminuir y mitigar las consecuencias de diversos fenómenos atmosféricos ligados al cambio climático, más todavía cuando el Fenómeno El Niño ya es una realidad”, añade la congresista.

La ley marco aprobada, bajo la rectoría del Minam, contribuirá a ordenar las normas y procedimientos dispersos que se han elaborado acerca del cambio climático, para que el Estado pueda tener un accionar más eficiente al momento de enfrentar esta situación.

Asimismo, la ley incluye la articulación del Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente con el fin de incorporar el componente de cambio climático en la Política Nacional de Educación Ambiental. También promueve la participación ciudadana en la planificación, ejecución y vigilancia de las políticas públicas sobre este tema.

Este predictamen se suma al aprobado en marzo por la otra comisión. Ambos deberán ser debatidos por el Pleno. No hay fecha para ello, ciertamente, pero sería bueno que el gobierno peruano llegue a la COP21 en París no sólo con sus contribuciones nacionales (iNDC) para reducir los gases de efecto invernadero sino también con una Ley Marco de Cambio Climático.


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