El congresista por el APRA, Javier Velásquez Quesquén, retiró el proyecto de ley que buscaba sancionar con 8 años de cárcel la difusión de conversaciones grabadas sin consentimiento del interlocutor, que hubiese atentado contra la libertad de expresión de haberse aprobado -si no, pensar en los audios de interés público difundidos por la prensa y que evidenciarían casos de corrupción o irregularidades-.
Las críticas de especialistas, funcionarios e incluso de parte de su propia bancada, al parecer hicieron que recapacitara y ya no proseguirá con su intento. Según informó La República, el congresista aprista sostuvo que la iniciativa no tenía la intención de limitar la libertad de prensa, sino la de asegurar el derecho a la intimidad de las personas.
Asimismo, el parlamentario sostuvo que "nada más falso" que aquellas críticas que se referían a que el proyecto en cuestión tenía como objetivo ocultar audios o videos que comprometen a gente de su partido.
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