Representantes del fujimorismo y el nacionalismo se mostraron en contra del proyecto de ley que promueve el legislador  Javier Velásquez (Apra),  el cual plantea penas de cárcel de hasta ocho años para los que difundan audios y conversaciones grabadas sin consentimiento del interlocutor.

El legislador Pedro Spadaro, de Fuerza Popular, calificó de apresurada la inciativa legislativa legislativa y adelantó que su bancada no la apoyará cuando sea discutida en el Comisión de Justicia del Congreso.

Agregó que el proyecto de Velásquez responde a la preocupación de que, en plena campaña, aparezcan audios, como el de los 'petroaudios', que afecten las ya complicadas chances electorales del líder aprista, Alan García.

El congresista oficialista de Teofilo Gamarra también anunció que la bancada de Gana Perú rechazará la iniciativa, al alegar que el gobierno nacionalista "respeta la libertad de prensa y está en contra de este intento de limitar la difusión de informarción".

Velásquez insiste

Sin embargo, Velásquez Quesquén no piensa retroceder pese a las críticas y cuestionamientos, que llegaron incluso del mismo Apra (su colega Mauricio Mulder le sugirió retirar el proyecto). "Es una iniciativa democrática, el proyecto irá a la comisión, lo sustentaré y se votará, para nada afecta la libertad de expresión", dijo este miércoles.

El legislador aprista dijo que su iniciativa exceptúa de sanciones la difusión de materiales que tengan como relevancia el interés público, lo que, según asegura, excluye a los periodistas.

Pero lo cierto es el que texto del proyecto, tal como está redactado, solo exime de sanciones el material que contenga "hechos punibles", y no menciona específicamente el "interés público".

De hecho, Gonzalo Zegarra, del Consejo de la Prensa Peruana, dijo que una medida así podría servir para amedrentar a los medios de comunicación, y sugirió que se exima de sanción no solo los hechos punibles, sino también lo que sean de interés público. Para ello, tendría que cambiarse el texto del proyecto.

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