El 22 de septiembre de este año, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo 1198, que modificaba un numeral de la Ley 28296, conocida como Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. El numeral modificado era el 6.1, en el que se indicaba que el Estado era la única entidad autorizada para administrar el patrimonio cultural inmueble prehispánico -es decir, los restos arqueológicos-.
La modificación agregaba un párrafo, en el que autorizaba al Ministerio de Cultura a generar 'convenios de gestión cultural' con entidades públicas (como municipios) o privadas (como empresas o fundaciones). Estos convenios permitirían a las entidades "coadyuvar a su protección, investigación, conservación, restauración, exhibición, difusión y/o puesta en valor sostenible". Los convenios se otorgarían a través de concursos de proyectos y con una vigencia máxima de diez años.
La nueva norma no se aplicaría a patrimonios mundiales (como Machu Picchu) y exigiría el cumplimiento del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. Además, agrega el Decreto, no requeriría fondos adicionales del Tesoro Público y quedaba en manos del Ministerio de Cultura la elaboración del reglamento y modelo de los posibles convenios. Según la Ministra de Cultura, Diana Álvarez-Calderón, se iniciaría "un proceso descentralizado y participativo, de orden técnico y económico" para reglamentar la ley, pero ninguna parte de la repentina publicación del Decreto 1198 fue 'descentralizada y participativa', sino más bien carente de diálogo y comunicación.
Exactamente un mes después, tras un paro regional de 48 horas en Cusco, el Congreso de la República decidió ayer por la tarde derogar el Decreto Legislativo 1198. El levantamiento cusqueño argumentaba que el Decreto era una venta del patrimonio, que se trataba de una privatización y que había que preservar la dignidad. Con el apoyo del gobernador regional y el alcalde del Cusco, salieron a protestar unas 20 mil personas, y el Congreso consideró pertinente derogar una ley que no se había reglamentado y que no vendía ni privatizaba nada.
LaMula.pe conversó con Santiago Alfaro, sociólogo especializado en gestión cultural que fue, entre otras cosas, director del Teatro Municipal durante la gestión de Susana Villarán, sobre el Decreto Legislativo 1198 y la inmadurez política que han mostrado todas las partes involucradas en este conflicto.
- ¿Cuál era la lógica tras el ya derogado Decreto?
El principio bajo el cual se ha diseñado la norma es posibilitar la gestión del patrimonio por parte de entidades privadas. Hay muchas experiencias de ese tipo en el mundo, las alianzas público-privadas no son ajenas al patrimonio cultural en cualquier política pública. La clave está en las capacidades del estado para negociar y fiscalizar esa inversión privada. me parece que ese debería ser el tema de debate.
Eso implica profesionalizar las políticas del Ministerio de Cultura, tener un equipo capaz de afrontar pedidos en varias partes del país, capacidad de articulación con otras entidades públicas y también liderazgo en el tema, porque los privados no van a caer por su propio peso. El patrimonio no es una mina, demanda un montón de inversión y de condiciones. se necesita que haya carreteras. No estoy de acuerdo con una idea que está difundiéndose en la opinión pública que afirma que se realiza esto porque el Estado no tiene plata o no puede promover el patrimonio. No: este tipo de medidas son complementarias a políticas públicas de puesta en valor del patrimonio, no las reemplazan.
- Pero también es verdad que el Ministerio de Cultura no está pasando por un buen momento, ¿no?
- Ese es un tema de preocupación, porque ha recibido una disminución del 30% de su presupuesto este año y ha tenido que cortar varios puestos, justamente por la poca capacidad que ha habido para negociar con el Ministerio de Economía y Finanzas. Se ha debilitado la institucionalidad del Ministerio. Estas medidas tienen que ir acompañadas de un estado más focalizado y estratégico.
- En ese sentido, el Estado peruano -por ejemplo, en el caso de la minería- parece tener una tendencia a retroceder ante la empresa privada.
Si tomamos en cuenta la historia de la institucionalidad peruana, supongo que podemos llegar a esa conclusión. Pero este es un mecanismo que vale la pena explorar. Se puede empezar con un grupo focalizado, como pilotos y ver con el tiempo cómo van funcionando. Es experimentar con una una fórmula que no solamente se puede dar en el patrimonio arqueológico sino también en el histórico. Por ejemplo, los museos holandeses son administrados por fundaciones que tienen que dar cuenta a un directorio compuesto mayoritariamente por miembros del Estado y se les otorgan subvenciones condicionadas a mejoras y al alcance de objetivos específicos.
Incorporar al sector privado no es dejarle la cancha libre. Ese es un error: no es privatización. Por eso yo no estoy de acuerdo con los argumentos que han tenido los cusqueños en sus protestas. Creo que han equivocado la lucha: la lucha es por profesionalizar el Estado y tener distintas alternativas para promover el patrimonio.
- Tomando en cuenta que el decreto 1198 aun no se había reglamentado, ¿son prematuras las protestas en Cusco?
A mí me parece prematuro todo. Ha sido prematuro sacar la ley sin antes hacer un debate y buscar acuerdos. Ahí ha pecado el Ministerio de Cultura: hay que hacer política. El Estado tiene que ir a hacer alianzas, a explicar, a hacer políticas con ciudadanos. Ese es el primer error, porque era previsible que Cusco iba a saltar y no iba a estar de acuerdo. Es una reforma importante que requiere una legitimidad del gobierno que no hay ahora: el gobierno está debilitado por la cercanía de las elecciones y en general.
También me parece prematuro hacer una protesta con tan poco tiempo de haberse promulgado una ley marco, creo que ameritaba más discusión y más debate de los contenidos, más oportunidad para que el Ministerio aclare qué está buscando. La medida última tiene que ser el paro, pero esta vez ha sido la primera. La política peruana se hace así, saliendo a la calle. No hay vehículos ni mecanismos institucionales que canalicen este tipo de conflictos. Lo tercero es que es prematuro que el Congreso haya derogado la ley. Solamente porque protestaron dos días y ya, inmediatamente la derogaron. Todo ha sido prematuro, y eso es evidencia de la inmadurez política que hay en el Perú, de todas las partes.
[Foto de portada: La República]
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