El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, anunció que el Ministerio Público investiga las múltiples denuncias de abuso sexual contra los líderes del Sodalicio de Vida Cristiana, reveladas en los medios de comunicación luego de la publicación del libro "Mitad monjes, mitad soldados" de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz

Sánchez hizo el anuncio ante la consulta de los periodistas que lo abordaron, luego de inaugurar el local de la Fiscalía Distrital de Miraflores, donde estuvo acompañado del alcalde Jorge Muñoz.

Con esto, queda abierta la posibilidad de que la Fiscalía formule denuncia contra Luis Fernando Figari y otros líderes del Sodalicio que han sido sindicados como autores de diversos abusos sexuales; y que pueda pedirse su extradición desde Roma, para que responda en el Perú por sus delitos.

ABUSOS SEXUALES NO HAN PRESCRITO

El portal especializado en temas legales Laley.pe explicó que los delitos sexuales cometidos por los líderes del Sodalicio todavía no han prescrito, pues en el caso de que las víctimas hayan sido menores de 14 años, como ha ocurrido en varios casos, aún podría juzgarse y condenarse a Figari y otros integrantes del Sodalicio que sean hallados responsables.

En su página web, apunta que estos delitos "se sancionan más gravemente cuando el autor del abuso sexual ostenta una posición o cargo que le dé autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, como es el caso de los clérigos o religiosos".

En cuanto al plazo de prescripción, explicó que este vence entre 2019 y 2020. ¿La razón? Según las leyes peruanas, la Fiscalía cuenta con un plazo de hasta 20 años para investigar estos delitos, considerados graves en el código penal.

"Si se acredita que un menor de 14 años fue objeto de violación sexual entre 1999 o 2000, la acción penal recién prescribirá entre el 2019 y 2020, esto es, cuando hayan transcurrido 20 años de la comisión de estos delitos pese a que dicho delito tiene una pena máxima de 35 años", precisa el portal.

Además, se podría aplicar el "plazo extraordinario de prescripción", al que le agrega la mitad del tiempo transcurrido. Por ello, el Ministerio Público tendría "hasta el 2029 o 2030 para llevar a juicio los casos y obtener una sentencia"

Para poder hacer estas investigaciones, "el Ministerio Público podrá pedir la extradición de los miembros del Sodalicio que se encuentren fuera del país si se encuentran vinculados con la comisión de alguno de estos delitos".

Además, los líderes religiosos no tienen un régimen judicial especial. El portal indica que en el concordato entre el Estado peruano y El Vaticano "ninguno de sus artículos reconoce alguna jurisdicción especial o excluyente para la realización de investigaciones o procesos internos por la comisión de delitos por parte de clérigos o religiosos".

Por ello, "los representantes de la Iglesia, una vez que tomaron conocimiento de estos hechos, tenían el deber de denunciar o comunicar de los hechos al Ministerio Público".

Con el anuncio de Pablo Sánchez, comenzará una larga investigación que, podría terminar con el enjuiciamiento y condena de los responsables, siempre y cuando no haya protección de la Iglesia. Esto tiene para rato.

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