La ministra de Cultura Diana Álvarez-Calderón, negó que con un decreto emitido desde el Gobierno se esté buscando privatizar o dar en concesión el patrimonio arqueológico del país. Por el contrario, dijo, se trata de un mecanismo de gestión y puesta en valor del patrimonio cultural.
Álvarez explicó que los Convenios de Gestión Cultural autorizados por decreto 1198, emitido la semana pasada, no se aplicarán a los bienes designados patrimonio mundial y anunció que su despacho iniciará "un proceso descentralizado y participativo, de orden técnico y económico" para permitir "una adecuada y positiva reglamentación" de la norma.
"Esta herramienta se aplicará especialmente para aquellos sitios arqueológicos que requieran mayor protección y revalorización, a fin de transformarlos en un polo de desarrollo en su zona de influencia".
Según sostuvo, con esto no se modifica la propiedad del Estado sobre los monumentos arqueológicos ni sus condiciones de 'intangibilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad'.
En ese sentido, dijo que el Ministerio de Cultura se reserva las competencias exclusivas para fiscalizar, sancionar y autorizar, además de obligar a cualquier iniciativa a respetar el significado cultural de cada monumento y promover el acceso público y su uso social.
Los monumentos arqueológicos no son recursos naturales ni infraestructura pública, ni constituyen servicios públicos por lo que aclaró que no serán privatizados, instando a todos "a trabajar juntos en perfeccionar la herramienta legal, como parte del proceso de formulación del reglamento".
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