Un grupo de especialistas de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron las normas vigentes en Ecuador que atentan contra la libertad de expresión y asociación en el país. Señalan que existe un decreto con 'restricciones inaceptables' para ambos derechos. 

Es así que exigieron que se ponga un alto al procedimiento de disolución de Fundamedios, una destacada organización de la sociedad civil que tiene como objetivo la promoción de la libertad de expresión y de medios. 

Y es que la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) de Ecuador, inició el proceso de disolución después de acusar a la organización civil de realizar actividad política en contra de sus propios estatutos.

Los expertos señalaron que el decreto en el que se escuda la SECOM, otorga a las autoridades el poder para cerrar organizaciones en condiciones 'amplias y ambiguas'.

Es así que Marina Kiai, David Kaye y Michael Forst, abanderados de la libertad de reunión, asociación, expresión y derechos humanos, se pronunciaron al respecto:

"Concretar el cierre de Fundamedios supondría una violación de los estándares internacionales de derechos humanos".

Según los especialistas 'es la acción del gobierno la que tiene tintes políticos más fuertes' y que su ejercicio es usado para obstaculizar la libertad de expresión. 

De esta manera, exhortaron al Gobierno que renuncié en su intención para garantizar los derechos de asociación y libre expresión. También ofrecieron su asistencia técnica si las autoridades la requieren:

"Las personas que se constituyen en una asociación tienen el derecho a tener opiniones y difundir informaciones de toda índole, incluso políticas, sin interferencia del Estado".

Cabe resaltar que la SECOM comunicó el pasado 8 de septiembre a Fundamedios que se estaba ejecutando un proceso de disolución en su contra por haber difundido mensajes con contenido político. Les dieron diez días para preparar y presentar su defensa. 

Como respuesta, la organización pidió durante esta semana, que se garantice el debido proceso en su caso y que se aporten las respectivas pruebas de sus presuntas actividades incorrectas. Asimismo declaró que resistirá a las acciones del poder público que van en contra de sus derechos constitucionales. 

Por último, los especialistas de la ONU y de la CIDH mencionaron que las mismas normas condujeron, a finales del 2013, el cierre de otra reconocida ONG. 

(Foto de cabecera: ecuavisa.com)