Después de semanas de investigación y luego de citar a varias personas, incluyendo a Nadine Heredia, la Comisión Belaunde Lossio concluyó que el exasesor presidencial de Ollanta Humala cometió actos de corrupción para adjudicarse obras en los gobiernos regionales de Junín, Madre de Dios, Cusco, así como en los municipios distritales de Catache (Cajamarca) y Gregorio Albarracín (Tacna). Veamos los puntos más resaltantes del primer informe de este grupo de trabajo, presidido por la legisladora Marisol Pérez Tello.
EL ACCIONAR DE BELAUNDE LOSSIO
Uno de las conclusiones medulares de la Comisión Belaunde Lossio fue que el empresario investigado usó sus influencias en Palacio de Gobierno para verse favorecido en las licitaciones de obras. En otras palabras, utilizó los nombres de Ollanta Humala y Nadine Heredia para beneficiar a sus socios y allegados.
En esa misma línea, el primer informe señala que el procesado lideró una organización criminal que se infiltró en las regiones y los municipios antes mencionados. Así lo expresó Pérez Tello:
"Está probado que ha habido presuntos hechos de corrupción en todas las regiones mencionadas, que suponen responsabilidad administrativa en algunos casos y responsabilidad penal en otros; vinculados a los tipos penales de asociación ilícita, colusión o rehusamiento en actos funcionales o tráfico de influencias".
LOS SOCIOS: LOS GOBERNADORES REGIONALES
Según explicó Mauricio Mulder a diario Correo que la investigación demuestra que las autoridades regionales que Belaunde Lossio tenía influencia en las 'altas esferas del gobierno nacionalista'. Esta condición hacía que le facilitaran la adjudicación de obras de gran presupuesto. Para el legislador aprista, existe un documento que prueba que el Ejecutivo conocía el accionar del empresario:
"Que en Madre de Dios, el gobernador regional formulase una carta al Presidente de la República y dos cartas al presidente de Consejo de Ministros advirtiendo que el señor Belaunde Lossio usaba sus nombres para hacer negocios y que estas cartas hayan merecido el silencio absoluto, llevo a pensar que se trataba de una persona de alto nivel".
La alianza con el empresario, sin embargo, sale cara. Según ha trascendido, seis exgobernadores regionales será denunciados por actos ilícitos. Así a Gregorio Santos (Cajamarca) se recomienda abrirle una investigación fiscal por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. En el caso de José Luis Aguirre y Jorge Aldazábal Soto (Madre de Dios) se les imputa asociación ilícita para delinquir y colusión. En tanto, a Jorge Acurio Tito y René Concha Lezama (Cusco) se les acusa del delito de negociación incompatible. Tampoco se salva Vladimir Cerrón Rojas (Junín). A él también se le acusa de asociación ilícita para delinquir.
LA RUTA DEL DINERO (DE LAS OBRAS)
Belaunde Lossio actuaba a traves de empresas, una de ellas la hoy tan mentada Antalsis. Esta, por ejemplo, fue subcontratada por la firma Servicios Industriales de la Marina (SIMA-Perú) luego de que ganara la licitación de la obra 'Puentes Comuneros' de Huancayo (en la gestión de Cerrón Rojas). ¿En cuánto estaba valorizada la obra? Nada menos que en S/. 57 millones. De igual manera, Antalsis también firmó millonarios contratos con el gobierno regional del Cusco (en el período de Acurio).
En Madre Dios, el exasesor electoral actúo con municipios. Uno de ellos fue el de la ciudad Manu. Allí, Belaunde Lossio -en el 2013- entregó dos obras relacionadas con el sistema de agua y alcantarillado. Una de ellas -valorizada en S/. 3'198,512- al consorcio San Juan Grande. La otra -valorizada en S/. 4'096,269.58- fue dada a la empresa Valcon. De más está decir que ambas empresa están vinculadas a examigo de la pareja presidencial.
LOS ALLEGADOS
El próximo lunes, la Comisión Belaunde Lossio debatirá la parte final de su informe y con ello también discutirá la suerte de los allegados al empresario y demás investigados como Nadine Heredia y su hermano Ilan, la exfuncionario Rocío Calderón, Rodrigo Arosemena, el exgerente de Antalsis, Francisco Boza, expresidente del IPD (se han encontrado irregularidades en algunas contrataciones del órgano deportivo), así como las autoridades regionales y municipales.
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[Con información de La República, El Comercio y Correo]