En medio de la convulsión social que se vive en la región Loreto a raíz de la decisión del Gobierno de otorgarle la concesión -por dos años- del Lote 192 a la empresa canadiense Pacific.
Aunque muchos medios de comunicación se han centrado en la exposición -que realizaron en el Congreso de la República- Pedro Cateriano, jefe del Gabinete Ministerial, y Rosa María Ortiz, titular de Energía y Minas, el tema es mucho más complejo de lo que parece.
Si bien es cierto que desde semanas atrás el Gobierno venía 'meciendo' a las comunidades indígenas, el punto de quiebre -mejor dicho el 'documento de quiebre'- fue el envío de un oficio del Ministerio de Energías y Minas dirigido a Carlos Sandy Maynas, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Río Corrientes (Feconaco) y a Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep). En la carta se hace un recuento del proceso de negociación con los representantes indígenas de acuerdo a lo que manda la Ley de Consulta Previa. El recuento termina con la decisión final del Gobierno:
"Por lo tanto, al no haber obtenido una respuesta concreta al documento b) de la referencia sobre las propuestas planteadas por el Estado, la cual incluye la propuestas con beneficios comunicada el 14 de agosto y al no haber ninguna de las fechas propuestas para retomar el diálogo o plantear una fecha alternativa, el Estado entiende que existe desacuerdo con las propuestas remitidas en los términos propuestos.
Por tales motivos corresponde al Estado concluir con la Etapa de Diálogo Intercultural y proceder con la Etapa de Decisión al no haberse alcanzado los acuerdos a la fecha y haberse agotado todos los medios posibles para llegar a acuerdos, por lo que al Estado le corresponde adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos de los indígenas".
Leído estos fragmentos, sin tener el contexto que encierra esta problemática, uno podría pensar que son las comunidades indígenas quienes han obstruído el diálogo. La realidad, no obstante, es muy diferente. Veamos:
LOS PLAZOS
Según el reglamento de la Consulta Previa ninguna suspensión del diálogo puede darse por más de quince días. En el caso del Lote 192, el Ejecutivo suspendió las conversaciones por 22 días (del 23 de julio al 14 de agosto) lo que cual contraviene el artículo 21.1 de la referida ley. Cabe mencionar, además, que fue el propio Gobierno quien extendió el proceso de diálogo fuera del plazo máximo.
Asimismo, han transcurrido menos de 100 días calendario de iniciado el proceso de consulta (22 de mayo). Esto significa que las negociaciones aún se encuentra dentro del plazo razonable que indica la norma, es decir, 120 días calendarios.
Entonces, ¿por qué el apuro del Gobierno por firmar el contrato con Pacific? Muy sencillo: el actual contrato petrolero vence el 29 de agosto.
ACUERDOS A MEDIAS
Los representantes del Gobierno, hace algunas semanas, salieron al decir que se había llegado a un acuerdo con las comunidades indígenas. En realidad, solo se firmaron acuerdos con la Organización Interétnica del Alto Pastaza (ORIAP) y con la Federación de Comunidades del Alto Tigre que representa al pueblo Kichwas (El Tigre). No se llegó a un entendimiento con las comunidades -representadas por la Feconaco, Fediquep , Acodecospat y Aidesep- en cuyos territorios se produce 5 veces más petróleo (a comparación de los que sí firmaron) porque ahí se encuentran 11 de las 13 baterías productoras de petróleo. Además, el día en que se firmó el acuerdo -con las dos organizaciones mencionadas- la titular de Energía y Minas, llegó tarde a la cita con los dirigentes indígenas. Y ,peor aún, quiso cerrar el trato en una hora, tal como lo informó LaMula.pe.
¿POR QUÉ UN CONTRATO DE DOS Y NO TREINTA AÑOS?
Por sentido común, una empresa invertirá menos dinero en un concesión de dos años que en una de treinta. Entonces, ¿por qué el Ejecutivo optó por lo primero?
Una menor inversión implica -como puede deducirse- menos dinero para destinar al cuidado del medio ambiente que es obligación de toda empresa. Más aún, cuando se trata de actividades extractivas como la exploración petrolera.
En esa línea, de acuerdo con las leyes peruanas, Pacific no está obligada a elaborar nuevos Instrumentos de Gestión Ambiental. Simplemente heredarán aquellos elaborados anteriormente. Recordemos que el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) obliga a realizar estudios ambientales cada cincos años. En otras, palabras Pacific no está obligada a invertir para mejorar las condiciones de la operación y así evitar los estragos ambientales del pasado ocasionados por Pluspetrol.
Ante esta situación, los dirigentes indígenas se sienten indignados ya que consideran que sus derechos han sido vulnerados. Y es que después de estar negociando por un lapso de, aproximadamente, cuatro años, el Estado ha esperado el último momento para proponer un acuerdo que debía firmarse 'sí o sí', sin la posibilidad de que representantes indígenas puedan consultar con sus bases. Asimismo, el Estado dejó de lado algunos puntos importantes de la negociación, como la seguridad ambiental y la titulación de tierras.
Finalmente, hoy en Radio Exitosa, el Apu Carlos Sandi, presidente de la Feconaco, enfatizó que el trasfondo de la concesión no es si cae en manos de Petroperú o en una empresa privada, sino el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Agregó que ellos tampoco permitirán que se utilice políticamente el tema del Lote 192. En ese línea, aclaró que ellos no han propuesto tomar los pozos petroleros, pero eso sí, defenderán sus territorios en caso que se vulneren sus derechos.
[Todo sobre el Lote 192 aquí]
[Foto de portada: Andina]
