El objetivo es claro. El alcalde de la comuna provincial Yauli-La Oroya (Junín), Carlos Arredondo, señaló, en una entrevista concedida al diario Perú 21, ratificó su postura a favor de la inversión minera.
Como se recuerda el miércoles 11 de agosto, los trabajadores de Doe Run iniciaron un paro (que incluyó el bloqueo de la Carretera Central por dos días) para exigir la flexibilización de los estándares mineros para poder reabrir el complejo metalúrgico que operó varios años en la ciudad andina.
El burgomaestre indicó que dicho complejo es su principal fuente de vida y que su paralización (desde hace siete años) ha traído graves consecuencias económicas y sociales. Uno de los principales problemas es la migración.
"El 35% de la ciudadanía se ha ido a vivir a otras regiones. Esto ha generado, como consecuencia, que ahora La Oroya solo tenga siete regidores y no 14, como antes. La ONPE determinó esto por la reducción de los electores. Asimismo, se han cerrado dos instituciones educativas escolares estatales por falta de alumnos. Antes, en cada aula había hasta 30 estudiantes, ahora son 15 y hasta 8", explicó.
Refirió también que la localidad ha sufrido una drástica disminución en lo que se refiere al canon minero. Cuando Doe Run operaba, la Municipaldad de La Oroya recibía S/. 30 millones; ahora la cifra alcanza S/. 870 mil.
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Arredondo, en otro momento de la conversación, detalló cómo ha ido evolucionando la situación del complejo metalúrgico:
"A los residentes de La Oroya y a los trabajadores mineros se les informó que si hasta el 27 de agosto el complejo metalúrgico no tenía un nuevo propietario, el 28 pasaba a liquidación simple y sus 2,500 empleados perderían sus puestos. Por ende, adiós complejo minero, el cual seguramente se vendería como chatarra. Así, La Oroya desaparecería como ciudad y hablaríamos de una urbe fantasma. Esa es la desesperación de los habitantes, por ello bloquearon la Carretera Central".
En medio de ese contexto, ¿pudo haberse evitado el bloqueo de carreteras y la muerte de Edward Soto de la Cruz? El alcalde considera que sí ya que varias veces acudió a la Comisión de Energía y Minas del Congreso para -según dijo- rogarle a la ministra del sector, Rosa María Ortiz, para que tome cartas en el asunto.
En cuanto a la muerte del ingeniero, la autoridad local no dudó en acusar al ministro del Interior y anunció que impulsarán una investigación fiscal:
"Él es el responsable de esa muerte y de los cuatro heridos graves. Por ello, creo que debe ser interpelado en el Congreso de la República. Esa muerte no puede quedar impune, se debe identificar al policía que lo asesinó y sancionarlo con todo el peso de la ley".
El DATO
El Gobierno y las autoridades de La Oroya, así como lo dirigentes de los trabajadores del complejo metalúrgico, llegaron a un acuerdo (las partes firmaron un acta de cinco puntos). Como consecuencia el paro se suspendió por ocho días.
