En un contexto en el que en los últimos cinco años murieron 90 personas en conflictos sociales, según cifras de la Defensoría, el presidente Ollanta Humala justificó el uso de armas por parte de la Policía en las protetas en La Oroya, porque es "un mandato constitucional".
"La Policía no puede abdicar en hacer uso del equipamiento que se le da para defender el orden público", dijo hoy desde Amazonas, consultado sobre lo ocurrido en el marco del paro que acataban los trabajadores de Doe Run para pedir el reinicio de las operaciones del complejo metalúrgico.
Sin embargo, el mandatario insistió en que "la violencia no resuelve los problemas", en relación a los enfretamientos entre manifestantes de La Oroya y la Policía que dejaron un poblador muerto por impacto de bala, hecho por el que ya un efectivo que aparece en imáges disparando su arma de fuego de manera irregular fue indentificado y separado de la institución mientras se esclarecen las circunstancias del deceso.
Humala saludó el acuerdo al que llegaron, cerca de la medianoche, los trabajadores de Doe Run para levantar su huelga indefinida. Hasta el momento, se ha logrado desbloquear más de 20 kilómetros de la Carretera Central, que había sido tomada por los manifestantes desde el lunes último.
'Que funcione, pero que lo haga bien'
El presidente también sostuvo que se requiere que Doe Run -que está en proceso concursal y corre el riesgo de ser liquidada a fines de agosto si no se adecua a estándares ambientales internacionales- funcione, como piden los trabajadores, “pero que lo haga bien”.
Sin embargo, Humala reconoció que hallar una solución al proeblema ambiental generado en La Oroya durante décadas no será fácil, como lo han advertido ya expertos en el tema.
“La Junta de Acreedores tiene que comprende que algo ha fallado en el proceso que ellos han lanzado. De las tres plantas, hay una que no funciona, la de cobre, la más rentable, falta la planta de sulfurización (…) Es un tema complejo, estamos tratando de dar soluciones”, anotó.
El jefe de Estado sostuvo que la principal exigencia de los trabajadores del complejo metalúrgico, para que se flexibilicen los estándares ambientales, es un tema que se deberá discutir en la respectiva mesa de trabajo técnico que se acordó instalar con las partes en conflicto.
“Si en algún momento se elevaron los estándares ambientales, fue porque en los años 2001 y 2007 la población pidió mayor rigurosidad en las normas ambientales por la alta contaminación que se daba en la zona”, subrayó.
El Ministerio del Ambiente sostiene que flexibilizar el estándar ambiental en La Oroya provocaría que el Estado pierda arbitraje internacional por US$ 500 millones.
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