No hay duda de que uno de los 'caballitos de batalla' del Gobierno es la educación. Al creación de Beca 18 y el apoyo a la Ley Universitaria, ahora se le suma el proyecto de Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior que ya fue enviado a la Comisión de Educación del Congreso (10 de julio) y que tienen prioridad para ser debatido.
El Perú invierte, por cada estudiante de un instituto US$1,350. Una cifra irrisoria si nos comparamos con otros países. En México y en Chile, por ejemplo, el monto llega a US$ 8,000.
El dinero, no obstante, no es el único problema. En el país existen 827 centros de educación superior tecnológica (Escuelas de Formación Artística o Institutos de Educación Superior Tecnológica) que albergan 366,166 alumnos. Y la mayoría de ellos no cuenta con la infraestructura ni la capacidad educativa para impartir conocimientos.
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Como era de esperarse, el sector público es el más afectado. Según un estudio de la Dirección de Educación Superior y Técnico Productiva del Ministerio de Educación, solo 17 institutos públicos cuentan con rendimiento superior. En otras palabras tienen condiciones básicas (infraestructura, equipos, gestión institucional) y pertinencia de la oferta según la demanda productiva local.
En tanto, el 48% de los centros evaluados (171) presentan un situación crítica. De ellos 52 ni siquiera cumplen los estándares básicos.
Ante ello, el Ejecutivo elaboró un proyecto de ley que se suma al presentado por el congresista Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación, en marzo. Veamos algunos de los puntos más importantes del primero.
LA LICENCIA
Los institutos deberán cumplir con algunos parámetros básicos relacionadas con la infraestructura, programa de estudios, equipamiento, recursos de aprendizaje (bibliotecas, laboratorios) y disponibilidad docente (20% de los profesores deberá ser a tiempo completo). Además, el permiso de funcionamiento solo dura 5 años.
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Para los centros que ya están en funcionamiento habrá un proceso de renovación (fortalecimiento institucional). De cumplir con las exigencias de la normativa podrían ser cerradas. Así lo explica Flavio Figallo, viceministro de Gestión Pedagógica:
"En el caso de los públicos, hay que ver la política de reconversión. Para los privados, se dará un tiempo de adecuación y si no lo hacen, no podrán brindar el servicio. El plazo dependerá de lo que falte: equipos, infraestructura...".
GRADOS Y TRASLADOS
La norma establece que los institutos podrán brindar hasta 120 créditos (3 años) y las escuelas (5 años), al término de los cuales, el alumno obtendrá un Bachillerato Técnico (primer caso) y un Bachillerato de rango universitario (segundo caso). A ello hay que agregar que el crédito de los institutos se uniformizará con el universitario (cada uno valdrá 16 horas).
Asimismo establece tres títulos: técnico, técnico profesional técnico y profesional.
El primero requerirá un programa de por los menos 80 créditos; el segundo uno de 120, el bachillerato técnico, la aprobación de un trabajo de investigación y de un idioma extranjero.
En el último caso se exigirá un programa formativo de 200 créditos, el Bachillerato y un trabajo de suficiencia profesional o un proyecto equivalente. Así, el título profesional tendrá el mismo nivel que uno obtenido en la universidad.
Aunque hay que precisar que habrá algunas diferencias en cuanto a la convalidación de los créditos, tal como lo apunta el Ministerio de Educación (Minedu):
"Las ponderaciones de teoría y práctica serán distintas, seguramente, pero sobre esa base las universidades podrían reconocer cuáles son los cursos teóricos, prácticos, hacer equivalencias y recibir a los estudiantes".
LOS DOCENTES
En el rubro de la docencia, la norma establece una carrera pública de 5 categorías. Para ingresar a esta se exigirá un grado o un título equivalente al programa en el que se desempeña y al menos un año de experiencia en educación superior o técnico productiva.
EDUCATEC, EL HERMANO DE LA SUNEDU
Tal como lo hizo la Ley Universitaria, el proyecto de ley del Ejecutivo crea un organismo -compuesto por representantes de ministerios de Educación, Producción y PCM- responsable de planificar y gestionar la provisión de la educación superior técnica que recibirá el nombre de Educatec. Este también se encargará de la evaluación y ejecución de procesos de fusión, escisión y cierre de institutos previa autorización del Minedu.
No obstante, la fiscalización no será igual para todos. Si bien es cierto que los institutos -tanto privados como públicos- deberán cumplir estándares mínimos de calidad hay una pequeña diferencia -en el tema de racionalización y reconversión que explica Figallo:
"En los privados vamos a dejar que se orienten según las demandas del mercado. Para eso fortaleceremos los instrumentos de información y observatorios".
EL DATO
Esta ley no incluye a las instituciones pedagógicas, ni a aquellas creadas con ley propia, como Senati. No obstante, tendrán la opción de adecuarse a la norma.
[Vía La República]
[Foto de portada: Andina]
