La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, para (no) variar, debido a un caso de espionaje por medio de un sistema de interceptación de comunicaciones denominado Proyecto Pisco. 

Según denuncia hoy El Comercio -y como había adelantado hace unas semanas Hildebrandt en sus trece-, el Proyecto Pisco fue comprado por 55 millones de soles a la empresa israelí Verint System. Entre otras cosas, el sistema permite interceptar 3.000 líneas telefónicas simultáneamente. El argumento para su adquisición fue la lucha contra el crimen, como casi siempre.

Pero lo sospechoso del caso es que no hubo proceso de licitación para su compra, que se hizo en el 2013, durante la gestión de Víctor Gómez Rodríguez como director de la DINI. Y si no hubo licitación, ¿cómo se hizo?

Pues a través de una orden directa del presidente Ollanta Humala.

BAJO LA LUPA

Todo esto ha sido confirmado por el actual director general de la DINI, Manuel Sevilla. Él, por supuesto, defiende la compra al decir que se hizo de forma "secreta" por motivos de seguridad.

Sin embargo, la Contraloría General de la República y la Comisión de Inteligencia del Congreso no piensan igual y están investigando el caso. Incluso, el contralor Fuad Khoury, durante una presentación en el Parlamento, no solo criticó que no existiera licitación, sino que dijo que no existen planes que sustenten estas actividades de espionaje.

Todo se agrava, además, por la reputación de la empresa Verint Systems, que ha recibido varios cuestionamientos en otros países. Ha sido involucrada, por ejemplo, a la Agencia Nacional de Seguridad de EEUU (NSA), aquella que hizo tambalear Edward Snowden.

Y en México, donde el gobierno también adquirió sus servicios, aparecieron denuncias periodísticas sobre la presunta interceptación del correo electrónico del expresidente Felipe Calderón.

Definitivamente, un caso no menor.


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