Inició su Gobierno promulgando la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, pero ahora una serie de manipulaciones impiden que se respete el derecho de estos colectivos. A pesar de ello, el Presidente Ollanta Humala Tasso dijo en su último mensaje a la Nación por 28 de julio que su gestión le ha puesto "especial atención" a las comunidades nativas de la selva.
¿Por qué dijo esto? ¿A qué se refería? Esto fue lo que señaló:
Se refería a los indígenas que se beneficiaron de los programas sociales:
La otra cara de la moneda
manifestantes contra tía maría frente a la policía en islay, arequipa
El Gobierno de Humala empezó con conflictos socioambientales como Conga (Cajamarca / Yanacocha) y ahora en su etapa final enfrenta el conflicto por Tía María (Arequipa / Southern Copper). A pesar de ello, el tema de los conflictos y las actividades extractivas no fueron mencionados por el Presidente. ¿Van a salir adelante estos proyectos? ¿Cómo se gestionarán los conflictos? ¿Algún mensaje para los empresarios que se quejan? Nada.
¿Diálogo intercultural?
En el tema de la consulta previa, podemos citar a Susana Baca, exministra de Cultura (la primera de este Gobierno): "Humala traicionó a los pueblos indígenas". "Creo que es una persona que está muy sola ahora. Y sí, decepciona, porque hubo cosas maravillosas, como la Ley de Consulta Previa, que fue desaprovechada", dijo Baca en febrero de este año.
En este caso, debemos mencionar al pueblo indígena San Juan de Kañaris (Lambayeque), en cuya zona se pretende ejecutar el proyecto minero Cañariaco de la empresa Candente Copper. Desde el 2013, los comuneros rechazan Cañariaco porque temen que las cabeceras del río se contaminen y que sus cerca de 33 mil hectáreas de terreno agrícola se vean afectadas. Por ello, exigen que se les consulte sobre este proyecto que se encuentra en fase de exploración. Sin embargo, todo indica que el Estado no cumplirá con esto.
- Lee aquí el debate sobre la consulta previa y Kañaris.
¿Es San Juan de Kañaris un pueblo indígena? Según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los pueblos son indígenas por “el hecho de descender de poblaciones que habitaban el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.
En esto se basa la Ley N° 29785, en cuyo artículo 7 se indican los criterios para identificar a los pueblos indígenas y se señala que "las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, conforme a los criterios señalados en el presente artículo".
Sacada de vuelta
El problema es la Base de Datos de Pueblos Indígenas, a cargo del Ministerio de Cultura. Se supone que este listado de comunidades es la herramienta con la cual el Poder Ejecutivo debe trabajar para implementar y llevar a cabo los procesos de consulta previa. Sin embargo, un informe de Ojo Público titulado "Los secretos mineros detrás de la lista de comunidades indígenas del Perú", dio cuenta de cómo este Gobierno le está sacando la vuelta a la Ley de Consulta Previa y cómo el Ministerio de Energía y Minas ha autorizado la operación de 25 compañías mineras sin consulta y sin diálogo. Es decir, se han aprobado proyectos sin consulta. Al respecto, el Convenio 169 de la OIT señala que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Aquel Estado o gobierno que no cumpla con esto estaría violando un tratado internacional. Y en el caso de este convenio se trata de un documento de rango constitucional.
Esto es parte de lo que no dijo Humala en su último Mensaje Presidencial. Así lo recordarán.
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