La inseguridad ciudadana es un realidad palpable en nuestro país. En los últimos años hemos ido observando cómo el índice de crímenes como el sicariato, robos, narcotráfico, extorsiones, entre otros delitos, va aumentando exponencialmente. 

Y es que en la última encuesta realizada por CPI, el 64% de los peruanos afirman que la inseguridad ciudadana es el principal problema del Perú por encima de la pobreza y la corrupción.

Es en este marco que mañana serán anunciados, en el mensaje a la nación, los nuevos decretos legislativos que apuntan a controlar y disminuir el nivel de inseguridad ciudadana. Las leyes serán más severas, se dará énfasis en los agravantes y no habrán beneficios penitenciarios según afirmó el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén Olaya:

“El señor Presidente de la República, en el mensaje del 28 de julio, va a implementar las primeras medidas en materia de seguridad ciudadana, las va a hacer públicas, y esos decretos también serán aprobados por la misma fecha”.

El sicariato

Hoy se publica el Decreto Legislativo que incorpora al sicariato como delito en el Código Penal. Será sancionado con penas más rigurosas y los agravantes serán la utilización de armas de guerra, de menores de edad, el número de sicarios y el de víctimas. 

Además se establecerá un sistema de recompensa para promover y lograr la captura de miembros del crimen organizado, organizaciones terroristas y responsables de delitos muy graves.

Según la nueva ley, el que mata a otro por encargo con la finalidad de obtener un beneficio económico, será sentenciado con un mínimo de 25 años de privación de la libertad sin beneficios penitenciarios. 

Los menores de edad

Para el caso de los menores de 18 años, las penas se incrementarán de 6 a 10 años de reclusión, solo en los casos más graves como el sicariato. Una vez cumplida la mayoría de edad, pasarán a terminar su condena en los penales respectivos, afirmó el ministro:

“Estamos agravando las penas para los menores. Actualmente, un menor puede ser condenado hasta seis años, pretendemos ampliar esas penas hasta los 10 años. Cumplida la mayoría de edad, abandonan el centro juvenil y pasan a cumplir su pena a un penal”.

El delito de flagrancia

Asimismo señaló que de nada sirve mejorar la ley, si las autoridades como jueces y fiscales dejan libres a los delincuentes. La legislación de flagrancia es tan insuficiente que, a pesar de la grave situación de inseguridad, en los últimos 10 años solo han sido sentenciados 300 delincuentes. Es por esta razón que la ley, dictada hace nueve años, será modificada. 

Hizo referencia al caso de Mariano Pozo, joven que arrastró a su ex pareja en en hotel en Huamanga, en el cual la fiscal no pidió su detención inmediata, lo que hizo que este pudiera fugarse y ahora encontrarse en calidad de prófugo.

(Foto de cabecera: Andina)