Los familiares de los desaparecidos durante el periódo de violencia que sacudió a nuestro país, representados en la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política (CONAVIP) y la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) en unión con la Asociación de Viudas, Madres y Sobrevivientes de Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (AVISFAIP) entregaron este martes un petitorio en Palacio de Gobierno solicitando al Presidente de la República aprobar la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
En el Perú existen aproximadamente 16.000 personas desaparecidas en el periodo de 1980 al 2000. De 2002 a 2015, según fuentes del Ministerio Público, solo se han recuperado 3.202 cuerpos, e identificado 1.833 y entregado a sus familiares 1.644. La ANFASEP ha reportado entre sus socias a 33 madres que fallecieron sin conocer el paradero de sus hijos, esposos y demás familiares. Por su parte las viudas y familiares de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional han señalado que no existe un registro de sus familiares desaparecidos en combate, y en muchos casos luego de tres años se han cerrado las investigaciones y la posibilidad de recuperar sus cuerpos.
Los familiares denuncian que desde hace décadas, la única opción que tienen para recuperar los restos de nuestros familiares es a través de la vía judicial mediante una denuncia penal ante el Ministerio Público. Lo cual requiere presentar testigos y un largo proceso judicial. El Ministerio Público no se da abasto, ni cuenta con suficiente presupuesto.
No es la primera vez que el Ministerio de Justicia se compromete a gestionar la aprobación de la norma: en 2014, el ex ministro Daniel Figallo presentó ante el Primer Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas; y el 25 de junio pasado, el actual ministro, Gustavo Adrianzén se comprometió a gestionar la aprobación de la norma y remitirla al Congreso de La República. Los familiares esperan que este 28 de julio el presidente anuncie la aprobación de la norma y acabe con los 30 años de incertidumbre y espera.
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