Pescar a río revuelto. Eso reza un dicho que parece encajar muy bien con la actitud del presidente Ollanta Humala y el Gobierno en general frente al caso Chavín de Huántar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que acaba de llegar a su fin con la sentencia en la que se pide al Estado peruano esclarecer la muerte del emerretista 'Tito'.
Incluso, poco antes de que se conozca el fallo de este tribunal supranacional, el jefe de Estado anunciaba que lo iban a desconocer si no se ajustaba a su gusto, y ayer, el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, pretendía hacernos creer que el Ejecutivo hizo ante la Corte IDH una "defensa sin precedentes" de los comandos.
¿A qué responde todo esto? Para el exfiscal Avenilo Guillén, Ollanta Humala busca politizar el tema y cohesionar el apoyo de las fuerzas armadas a su régimen, en un contexto en el que ya perdió casi todo su capital político y su respaldo popular sigue en picada.
"Está buscando de alguna manera encontrar una base de apoyo, porque el pueblo no lo apoya y las encuestas ya son muy claras y contundentes (...) En consecuencia, deliberadamente se ha pretendido involucrar a los comandos en este tema".
Pero el fallo de la Corte IDH es claro, al señalar que los comandos Chavín no han sido parte de este proceso (es decir, la Corte no se pronuncia sobre su culpabilidad o ausencia de ella, sino sobre las responsabilidades del Estado peruano en la investigación de lo ocurrido). Y dice también que, en todo caso, que la ejecución de 'Tito' es un hecho aislado a la exitosa operación militar que en 1997 puso fin al cautiverio de 72 rehenes que estuvieron en manos de miembros del MRTA por 126 días en la residencia del embajador de Japón en Lima.
Guillén sostiene que es probable que Humala ya supiera cuál iba a ser el sentido del fallo cuando declaró que no le "pagarán ni un sol a ningún terruco", pese a que la parte civil no exigía reparación económica alguna en su demanda contra el Estado peruano.
"Ya se conocía más o menos cuáles eran los lineamientos (del fallo), tanto más si el propio Poder Judicial peruano había admitido una ejecución extrajudicial, se conocía lo que había ocurrido en la audiencia, y por otro lado, era claro que el Perú iba a perder este proceso".
Por ello, el exfiscal espera que cese el discurso de tratar de involucrar a los comandos , y agregó que lo que tiene que hacer el Estado peruano ahora es cumplir con el mandato de la Corte de San José, es decir, investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la ejecución del emerretista 'Tito'.
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