La nueva Ley Universitaria parece ser 'letra muerta' para algunos centros de estudios públicos. Desde su promulgación en julio del año pasado solo 6 de las 31 universidades públicas con autorización definitiva han cumplido con adecuar sus estatutos a las nueva norma y elegir nuevas autoridades.
Las demás deberán apurarse ya que el plazo vence el 31 de diciembre. Luego de esa fecha, la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) multará a los centros de estudios infractores.
La República informa que -acorde con el cronograma- en Octubre próximo otras diez universidades habrá cumplido con la norma. Esto significa que solo 16 universidades con autorización definitiva tendrá nuevos estatutos y autoridades antes de diciembre. Dentro de este grupo destacan los centros de estudios: Agraria La Molina (Lima), Centro del Perú (Huancayo) y San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho).
Asimismo, otras 5 tienen previsto realizar elecciones en el 2016 y 2018. Otras diez están en proceso de elaborar sus estatutos. En este grupo se encuentran las denominadas "rebeldes a lo dispuesto con la ley". Una de ellas es la Universidad Mayor de San Marcos.
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En esta casa de estudios incluso, un grupo de profesores salió a protestar ayer exigiendo la adecuación a la ley debido a las consecuencias negativas que trae el incumplimiento de la norma como desarrollar proceso de nombramientos, ratificación y ascenso de docentes, así como recibir incentivos. Precisamente, Orestes Cachay, el decano sanmarquino de Ingeniería Industrial resaltó esta deficiencia: "No se ha podido participar de los fondos concursables del Concytec, ya que uno de los requisitos es iniciar la adecuación".
Pero ese no es el único problema en San Marcos. El diario también informa que el Consejo Universitario modificó su reglamento electoral para que las autoridades en función puedan ser candidatos a la Asamblea Estatutaria. Esta acción ha dividido a la población estudiantil que se prepara para elegir a los miembros de la Federación Universitaria de esa universidad.
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GOLPES A LA NORMA
La reforma universitaria ha tenido varios detractores. Uno de los más férreos opositores fue Alejandro Encinas Fernández, rector de la Universidad San Luis Gonzaga, que presentó una demanda para dejar sin efecto la creación de Sunedu. Afortunadamente, el Poder Judicial, al final, no le dio la razón.
Otro de los detractores de la Ley Universitaria es el presidente fundador de la Universidad San Juan Bautista, el congresista José Elías (Fuerza Popular), que ha presentado hasta tres proyectos a contracorriente de lo que propone la ley. En el último de ellos propuso que las autoridades universitarias elegidas antes de la aprobación de la reforma universitaria puedan seguir en sus puestos.
Una posición más moderada tiene Humberto Vargas, exvicerrector académico de la Universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta). El académico criticó el accionar de la Sunedu al señalar que es una especie de intervención. Aunque se mostró de acuerdo que las elecciones -de acuerdo a la nueva norma- sean universales. Agregó que hasta el momento no ha habido un pronunciamiento sobre la homologación de haberes.
SANCIONES
La Sunedu podría sancionar a las universidades infractoras con multas y hasta con la cancelación de la licencia.
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