Este gobierno que ya está de salida brinda más apoyo a las transnacionales que a los peruanos que son pequeños agricultores. Esta es la situación de la pequeña agricultura en el Perú. En la semana de celebraciones por el Día del Campesino y conmemorando un aniversario más de la Reforma Agraria, Oxfam y el Grupo Propuesta Ciudadana organizaron la conferencia "Políticas y presupuesto público para la pequeña agricultura" que se llevó a cabo en la Sala de Audiencia del Museo del Congreso La Inquisición.

Epifanio Baca, director del Grupo Propuesta Ciudadana, presentó el Reporte Número 8 de Vigilancia sobre "Políticas y presupuesto público para la pequeña agricultura" con un balance del año 2014.

Este informe concluye que el presupuesto de apertura aprobado para los años 2014 y 2015 confirman la hipótesis de que la pequeña agricultura no es una prioridad para el actual gobierno:

"En el 2015, el peso relativo del presupuesto para la pequeña agricultura (PPA) registra su nivel más bajo: 2,3% respecto al presupuesto total".

Además, afirma que se ha recentralizado el presupuesto:

"Ha habido un crecimiento constante del presupuesto del gobierno nacional, un estancamiento del correspondiente a los gobiernos regionales y una tendencia hacia la recentralización: el gobierno nacional pasa de manejar el 33% del PPA en 2012 al 52% en 2014; y los gobiernos descentralizados ven su participación disminuir de 67% a 48% en dicho período".

Sobre el dinero que manejan los gobiernos regionales y municipales, señala:

"En los gobiernos descentralizados, y en especial en las municipalidades, los montos para gastos corrientes son muy reducidos, lo que significa un obstáculo para la gestión de los proyectos; es decir, hay dinero para financiar inversiones pero no para la formulación de los proyectos y la elaboración de los expedientes técnicos".

"Las municipalidades tienen el menor avance de ejecución del gasto. Si bien los gobiernos regionales han sido más eficaces, el gobierno nacional, con 80% de avance, es el que ha visto aumentar su presupuesto con los recursos del fondo Mi Riego".

Frank Boeren, director de Oxfam, explicó que el enfoque de este informe es el de "seguir la huella del dinero". Y criticó al Estado y a la sociedad por el abandono de las políticas públicas en favor de la pequeña agricultura:

"Se tiene una visión rentista que prevalece. No hay leyes a favor. Se podría encontrar un aliado aprovechando el boom de la gastronomía, pero estamos lejos de tener una masa de consumidores que apoyen y defiendan la pequeña agricultura".

Reconoció también que el contexto no es el favorable, porque tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de la República se han dedicado a otros temas coyunturales y han dejado de lado temas importantes como este:

"Hay que ser realistas. La tendencia es la de aprobar paquetazos ambientales y anti-indígenas en búsqueda de la mayor ganancia a favor de las inversiones extranjeras. Creen que tenemos que hacer un sacrificio para seguir con el modelo extractivista".

Lourdes Huanca, de la Alianza de Organizaciones Agrarias (OA) y de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Femucarinap), puso énfasis en la dejadez del gobierno:

"No hay voluntad del gobierno para apoyar a los pequeños agricultores, pero sí para fortalecer a las grandes transnacionales. Nosotros debemos luchar por la soberanía alimentaria y la de los campesinos e indígenas".

También habló sobre los problemas de género en este campo:

"Las mujeres estamos en desventaja. Por ejemplo, en el tema de las capacitaciones: solo el 5,7% de mujeres productoras reciben capacitación. Son las mujeres las que nos quedamos en las comunidades".

Otro tema que pone en peligro a las comunidades campesinas y a los agricultores es el de la Ley 30230 "Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país", pero que en realidad se trata de una especie de "Reforma Agraria al revés", ya que no toma en cuenta las propiedades de hecho de las comunidades campesinas. Si se llega a implementar la Ley 30230, las comunidades y pueblos indígenas corren el riesgo de perder sus tierras en un proceso por el cual se expropian las tierras a los campesinos y nativos para dedicarlas a "proyectos de inversión" a cargo de la gran empresa privada o el Estado.

A poco más de un año de las elecciones presidenciales, debemos tomar en cuenta que proponen los candidatos en estos temas que han sido dejados de lado por los últimos gobiernos.

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