Una perla más. A sus pasivos medioambientales en España, México y en nuestro país, ahora se suma ahora una intervención financiera (por 15 días) a Southern Perú por resistirse a entregar más de 10.5 millones de acciones laborales a sus trabajadores jubilados, en cumplimiento de las leyes 22333 y 18880, vigentes entre 1970 y 1991.

Las referidas normas señalaban que las mineras "debían destinar el  6% de las utilidades netas anuales a un fondo de acciones laborales".

Según informa La República, la orden judicial para la intervención financiera la dictó la titular del 20 Juzgado Civil de Lima, Virginia Macedo Figueredo. La medida establece que los peritos Edgar Jaime Gallegos Lezama y Guillermo Alberto Lloyd ingresen a la empresa para recabar información sobre la ubicación  de las acciones laborales, ahora de inversión, que la firma debe entregar.

Luis Chunga Chávez, abogado de los extrabajadores-accionistas, manifestó que solicitaron la intervención judicial ante la lentitud de Southern Perú para entregar sus estados financieros de los años que fueron materia de proceso, tal como requirió la magistrada Macedo el 21 de enero del 2015. 

El letrado, ahora con el aval judicial, espera que la empresa cumpla:

"Esperamos que la empresa minera cumpla con el mandato judicial sin realizar más trabas, y no siga demostrando una conducta prepotente y de irrespeto a lo ordenado por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional".

El colegiado recordó que este caso que involucra a más de 900 extrabajadores de Southern se inició en 1996. Cuatro años después, la Corte Suprema les dio la razón. Aunque en el 2004, la misma instancia, extrañamente, anuló su propia decisión. 

Los jubilados acudieron entonces al Tribunal Constitucional, que ordenó al Poder Judicial emitir una sentencia de acuerdo a ley, en el 2007. Así, tres años despues, la Corte Suprema ordenó entregar las acciones a los jubilados o a sus descendientes. A Southern Perú no le gustó esta sentencia y también acudió al Tribunal Constitucional, pero este no le dio la razón. 

Pero la cuestionada empresa minera se zurra en todo, hasta en la justicia de nuestro país. Hasta ahora no se han entregado los documentos contables para determinar dónde están las acciones de los casi mil extrabajadores y calcular su valor actual, así como sus intereses.