¿Una militarización encubierta? Poco después de instaurar el estado de emergencia en todos los distritos de las provincias de Islay, el Ejecutivo ha tomado otra decisición cuestionable: autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, del 26 de mayo al 24 de junio.
Esta decisión se ha hecho oficial hoy a través de la Resolución Suprema Nº 118-2015-IN. Esta indica que la medida se adopta "con el fin de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno y evitar actos de violencia".
El documento oficial también señala que la razón principal para tomar esta decisión son las movilizaciones y medidas de protesta promovidas en dichas zonas por diferentes frentes, juntas y organizaciones sociales.
Aunque el control del orden interno - según señala la Resolución- permanecerá bajo la Policía, preocupa que el Ejecutivo apele a las Fuerzas Armadas para contrarrestar potenciales conflictos sociales. Esta acción podría se considerada como una forma velada de sembrar miedo en sectores opositores al Gobierno. ¿Dónde quedó el diálogo?
Llama la atención que Ica no esté comprendida en las regiones que recibirán contingentes militares. En aquella zona, trabajadores tercerizados de la empresa minera Shougang piden ser repuestos en sus empleos. ¿Acaso dejará el Gobierno que aumente la tensión como en Arequipa?
