El presidente Ollanta Humala defendió el estado de emergencia en la provincia arequipeña de Islay que decretó ayer el Gobierno, tras la muerte de otra persona a causa de las manifestaciones en contra del proyecto Tía María.
[Especial. Todo sobre el conflicto por Tía María]
Según Humala, la medida se dio para restablecer el orden, proteger a la población y normalizar las actividades en la zona, algo que no se logró en los dos meses de conflicto en el Valle del Tambo, debido a que el Ejecutivo trató de imponer el proyecto minero pese a la oposición de la población.
“Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para evitar la declaratoria de emergencia en la provincia de Islay. Lamentablemente, la violencia y el empleo, al parecer, de cartuchos de dinamita nos hacen ver la necesidad de proteger a la población”.
Tras la declaratoria de emergencia, no se han registrado nuevos hechos de violencia, aunque sí se han reportado algunos bloqueos de vías en el distrito de Cocachacra. El puente Pampa Blanca amaneció con gran cantidad de piedras. El mismo panorama se vio en otro ingreso, el Callejón del Pueblo.
Ramón Colque Vilca fue la cuarta víctima mortal de este conflicto. Murió durante las protestas de ayer. Aunque el Gobierno lo niega, este manifestante falleció por un impacto de proyectil en el pecho, tal como lo muestran imágenes difundidas por medios arequipeños. La necropsia de ley se conocería en las próximas horas y confirmaría este hecho.
Trago amargo
En el mismo sentido de pronunció el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, quien dijo que el estado de emergencia no es ninguna provocación para la población de Islay, sino un “remedio amargo” que permite curar a la democracia cuando esta se ve afectada.
“El Perú es testigo de los esfuerzos realizados por superar los problemas por Tía María. Los remedios a veces son amargos, pero son necesarios. No hubiésemos deseado llegar a este extremo. La declaratoria de emergencia la entendemos como la última ratio y la última razón”.
¿El remedio peor que la enfermedad?
En diálogo con LaMula.pe, Marco Arana, líder de Tierra y Liebertad, cuestionó la medida adoptada por el Gobierno, tras recordar que es el tercer estado de emergencia en cuatro años que se decreta (dos en Cajamarca por el proyecto Conga), lo cuales -subrayó- solo sirvieron para exacerbar el ánimo de la población.
"Esta decisión no contribuye a la solución del problema , por el contrario, agrava el conflicto".
En el mismo sentido se pronunció Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de derechos Humanos (CNDDHH), quien sostuvo que el Gobierno debió suspender indefinidamente el proyecto Tía María, para que en Cocachacra, Islay, Mollendo y toda la zona del valle del Tambo se estableciera un clima de paz.
Agregó que el presidente Humala dejó pasar la oportunidad de solucionar esta conflicto en su último mensaje a la Nación sobre este tema, cuando dijo que no podía suspender ni cancelar el proyecto.
"Todo esto se hubiera solucionado con una decisión firme del presidente de la República, y este no tomó ninguna decisión".
La activista sostuvo que con el estado de emergencia se va a exacerbar a la población que se opone a Tía María, y que lo que el Gobierno busca con esa medida es suspender el paro de la región sur del Perú, previsto para el 27 y 28 de este mes.
