“El gobierno vuelve a errar de manera rotunda en el manejo de un conflicto socioambiental. Es el tercer estado de emergencia en cuatro años del gobierno. Dos en Cajamarca y que no sirvieron sino para que más gente se mostrara en contra de la imposición de un proyecto minero y que además sintieran o pensaran que el gobierno opta por defender los intereses de las empresas mineras antes que dar seguridad a todos sus ciudadanos y que –en este caso– el estado de derecho es el que solicitan las mineras y no que es el bienestar común de la población. Esta decisión no contribuye a la solución del problema , por el contrario, agrava el conflicto”, dice Marco Arana, líder de Tierra y Libertad, a LaMula.pe, luego del anuncio del estado de emergencia en la provincia de Islay.
La declaratoria de emergencia –asegura– es una pésima señal, es una decisión que va a ser leída por la población de Islay como una declaratoria de guerra del gobierno y de Southern. Puede entenderse como la forma absoluta de la criminalización de las protestas.
¿Por qué Humala prefiere el estado de emergencia al diálogo? "Puede haber dos hipótesis. O el gobierno ha dejado de mandar y quienes mandan son la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la Southern. O, lo que sería más peligroso aún, el gobierno se decanta hacia un régimen civil-militar, que no rompe el estado de derecho, pero indica una abdicación del poder civil ante el poder militar para resolver los conflictos. Y esto es sumamente preocupante ad portas de un paro macrorregional sur. Es absolutamente contraproducente", detalla.
Este estado de emergencia –resalta– no suspende el derecho de opinión ni el derecho de circulación individual. "Cuidado con eso porque abre un espacio para que los ciudadanos encuentren otras formas de protestas y de civilización. El estado de emergencia no resuelve el conflicto, lo agrava", finaliza Arana.
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