“No consentiremos una consulta previa entendida como mera formalidad y denunciaremos y tomaremos nuestras propias medidas ante cualquier intención de dilación de tiempo o engaño a nuestras comunidades”, dicen 30 apus y representantes de comunidades de las cuencas del Pastaza y Corrientes (Loreto) en un documento enviado a Rosa María Ortiz, ministra de Energía y Minas, en el que demandan la necesidad de que se lleve a cabo un proceso de consulta previa antes de que se licite el Lote 192 (antes 1AB).
Los apus señalan que no se puede concesionar el lote sin definir previamente qué ocurrirá con los graves impactos ambientales, económicos y sociales no remediados y compensados hasta ahora. "Queremos nuestros títulos comunales, abusivamente desconocidos para favorecer con servidumbres gratuitas a Pluspetrol; queremos agua segura y servicios de salud y educación para nuestros hijos; queremos que se nos compense por el uso de nuestras tierras, tal y como sucede con cualquier otro proyecto minero o petrolero", detallan.
En cuanto al nuevo operador, exigen que sus obligaciones ambientales y sociales queden claramente establecidas con garantías "para no repetir la gravísima situación actual que atenta contra nuestras vidas".
Asimismo, demandan un monitoreo ambiental comunitario, reconocido, financiado por el Estado o el nuevo operador y administrado por sus organizaciones (aquí vale recordar que fueron ellos quienes dieron a conocer el desastre ambiental causado por la actividad petrolera en las cuatro cuencas).
al cierre de esta nota, los apus siguen reunidos discutiendo sobe el lote 192 / foto: observatorio petrolero
Piden también que las nuevas operaciones respeten las zonas que consideran indispensables para la supervivencia social, económica y cultural de sus pueblos. Y demandan una participación directa en los beneficios económicos de la actividad de hidrocarburos, tal como establece el artículo 15.2 del Convenio 169-OIT, reconocido en la Disposición Décima del Reglamento de la Ley de Consulta Previa del Perú (DS 001-2012-MC).
“Cuando se pone en consulta un Decreto Supremo que aprueba un contrato de operaciones de hidrocarburos en nuestros territorios, implica necesariamente que nos hemos puesto de acuerdo en los términos del contrato, que es realmente aquello que directamente nos puede afectar”, añaden.
Los apus envían este pronunciamiento un día después de que Perupetro anunciara que de momento hay hasta cinco empresas petroleras grandes interesadas en la licitación del Lote 192. Como decíamos ayer, antes de que el gobierno siga llenándose de entusiasmo por esta licitación, debe atender las demandas de las comunidades nativas antes de que se reinicie otro conflicto socioambiental.
(Foto cabecera: Observatorio Petrolero)
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