Rosa María Ortíz, ministra de Energía y Minas, pone las manos al fuego por el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María en Arequipa, porque cumple con toda normatividad, aseguró en entrevista con Enrique Castillo en Agenda Política.
Ortíz indicó que el Estado no aceptará que un perito de parte defina si va o no el proyecto impulsado por Southern Copper (Grupo México), aunque no se opone a que Yamila Osorio, gobernadora de Arequipa, contrate un organismo externo que asesore a una de las partes, pues no existe ningún punto flaco en el estudio.
La ministra también explicó que si la empresa no cambia su actitud, no va a sacar adelante el proyecto, pues le faltó convertir a las comunidades en socios estratégicos, revirtiendo la visión de contaminadora que tiene la población de ella desde los años 70.
Por esta razón, no ve auspicioso el comunicado publicado por el Grupo México hace unas horas.
"Los gobiernos anteriores tampoco hicieron ver a la empresa que, más allá de lo que establecen las normas, lo importante es hacer que la gente se compre el proyecto".
La representante de la cartera de Energía y Minas afirmó que el dialogo con Southern Copper se reanudará este lunes, cuando un miembro de la empresa viaje a nuestro país para explicar su rol en el audio donde se escucharía al dirigente Pepe Julio Gutiérrez pedir dinero a cambio de detener las protestas.
"Yo suspendí el diálogo hasta que aclaren este tema. El día de mañana vendrán de la empresa a explicar esta situación. A mi me llamó, el miércoles pasado, el vicepresidente de asuntos internacionales, comunicándome que iba a mandar a alguien. Aún no me he reunido con ellos".
Los dirigentes que se oponen al proyecto Tía María están descalificados moralmente, aseguró la ministra, quien agregó que la población arequipeña se ha dejado llevar por mentiras de personas que no defienden la agricultura ni el medio ambiente.
Durante los 60 días de "pausa" que ha anunciado la empresa, el Gobierno retornará el diálogo en la mesa de desarrollo instaurada, aunque este lapso de tiempo puede quedarle corto a Southern, opinó Ortíz.
"Tenemos una posición optimista y vamos a trabajar duro en esos días [en la mesa de desarrollo], con Southern, porque la principal responsable es la empresa. Tiene poca credibilidad porque en la década de los 70 tuvo pésimas practicas medioambientales, y no ha hecho muchos esfuerzos por revertir esa situación".
El Gobierno no apadrina a una empresa, sino que defiende una inversión que hasta el momento ha cumplido con todas las normas: la empresa va a tener que defenderse y demostrar que ha cambiado, señaló la ministra, quien cree que la actividad minera y agrícola pueden convivir salvo en zonas muy específicas.
Sobre el pedido de Southern para operar en 4800 hectáreas -cuando el EIA señala solo 488- la funcionaria aseguró que el ministerio atenderá a la cifra que se indica en el estudio, pues si una empresa quiere "pasarse de viva", el Estado debe establecer los límites.
(Foto de portada: Andina)
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