Se entregaron dos operadores más de la red de Rodolfo Orellana. Se trata de Segundo Vitery, exprocurador del Poder Judicial, y de Álvaro Delgado Scheelje, exsuperintendente de Sunarp, quienes tenían orden de detención pero no fueron ubicados por la Policía ayer en el marco de la 'Operación Tempestad' en que de detuvo a nueve personas del brazo jurídico de la mafia.

Vitery se entregó ayer por la mañana y Delgado anoche, confirmaron a Lamula.pe fuentes ligadas a la investigación. Ambos están en la sede de la Dirandro, donde permanecerán detenidos por 15 días junto con el resto de los intervenidos en el citado operativo. 

La fiscal de lavado de activos Marita Barreto los interrogará en las próximas horas, pero antes pasarán por el control de identidad.

Vitery fue procurador del Poder Judicial entre 2005 y 2012, cargo del que fue defenestrado por el bochornoso papel que jugó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando en lugar de defender la posición peruana frente al fallo de Javier Villa Stein que rebajó las condenas de Vladimiro Montesinos y de otros miembros del Grupo Colina, se dedicó a defender esta extraña y polémica decisión. Posteriormente defendió a Manuel Villacréz Arévalo, uno de los sindicados como testaferros de la red de Orellana.

Álvaro Delgado fue superintendente de Sunarp y confirmó su nexos con la red de Orellana Rengifo que reveló una investigación de la Revista PODER. Gracias a este exfuncionario, los irregulares actos de la organización criminal liderada por Orellana obtuvieron “sello de calidad” final en la Sunarp, tras la inscripción de los títulos que certificaban los cambios de propiedad, producto principalmente de decisiones vía laudos arbitrales. 

La sospecha en torno a Delgado Sheelje está directamente relacionada al diseño y posterior aplicación del Reglamento de Inscripción del Registro de Propiedades que llevó adelante en 2008, y que permitía tales trámites sin mayor observación de los registradores.

¿Y los jueces y fiscales en funciones?

El legislador Víctor Andrés García Belaunde, quien integra la comisión del Congreso que investiga la red de Orellana, consideró exagerado decir que esta organización criminal que penetró en el sistema judicial del país está desarticulada en un 90%, como señaló la fiscal del caso, Marita Barreto.

El congresista acciopopulista subrayó en Canal N que aún existen jueces y fiscales en funciones vinculados a la mafia de Orellana que no han sido detenidos. Mencionó, por ejemplo, al magistrado Francisco Boza Olivari, expresidente de la Corte de Superior de Ucayali, sobre quien ya pesa una orden de detención preliminar.

 "(Boza) es el que colocaba los jueces famosos, supernumerarios, que eran los jueces dentro de las localidades que aceptaban todos los amparos que venían de Orellana". 

En declaraciones a Andina, García Belaunde sostuvo que "las evidencias demuestran que corrompió la función judicial, que fue el operador de Orellana", ese contexto, insistió en que se justifica totalmente la prisión preventiva para el citado juez y otros magistrados de Ucayali.

El parlamentario también sindicó al fiscal Luis Arellano Martínez, de quien dijo que  fue nombrado para "manejar los asuntos de Orellana porque eran muchas denuncias" las presentadas con fines irregulares. 

"Tendrán que pronunciarse el Fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial porque aquí parecería que hay un cierto blindaje".

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