No hay marcha atrás. Los pobladores de la provincia arequipeña de Islay reafirmaron su rechazo a la actividad minera en el valle del Tambo, en una multitudinaria concentración en la Plaza San Francisco de Cocachacra.
El alcalde provincial Richard Ale Cruz, quien encabezó la movilización, dijo que respalda la decisión de su pueblo de vivir de la agricultura, actividad que consideran que se afectará por el proyecto Tía María de Southern Copper, empresa cuyo historial medioambiental es negativo.
"La mayoría ha dicho no a la minería y nosotros, sus autoridades, acataremos lo que dice la mayoría (...) Nuestra posición es clara: se va la mina y vuelve la paz y tranquilidad al valle del Tambo".
La autoridad agregó que se trata de una decisión democrática de la mayoría en el valle del Tambo. “Ahora que digan que somos cuatro”, dijo ante la multitud.
Defensoría pide tregua
Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, llamó a la responsabilidad a los alcaldes y dirigentes de Islay para frenar la violencia desatada en el marco de un paro indefinido contra el proyecto Tía María que ya tiene 45 días.
"Los alcaldes y dirigentes aún tiene influencia, al menos en una parte de la población (...) Podrían generar un atregua para dialogar y resolver este problema".
Pese a que la protesta social ya parece estar fuera de control, Luque abogó por seguir apostando por el diálogo antes de una posible declaratoria de emergencia en el Valle del Tambo que evalúa el Gobierno. Este mecanismo, preciso, no debe ser usado para reprimir.
“La Constitución prevé una situación así, cuando se observa una grave alteración del orden público que requiere de una intervención más efectiva de las fuerzas del orden, que restablezcan la seguridad para todos, porque ese es el objetivo del estado de emergencia. [El objetivo] no es reprimir, es buscar la seguridad del conjunto de la población”.
A estas alturas, la situación ya se desbordó. Hasta el momento, Victoriano Huayna Nina y Henry Checlla Chura son las víctimas mortales del conflicto. Ambos perdieron la vida por disparos de policías. En las redes sociales, están circulando estas imágenes que prueban el uso de armas de fuego de los efectivos, pese a que el Ministerio del Interior asegura que lo prohibió.
La Defensoría del Pueblo señala que en lo que va del gobierno de Ollanta Humala, por conflictos sociales han perdido la vida 59 personas.
