Los presuntos vínculos de Gerald Oropeza con el narcotráfico pudieron haberse investigado desde noviembre del 2014 si el fiscal Carlos Juárez Muñoz hubiera admitido las pruebas que le entregó la Policía Nacional tras la intervención de la camioneta Porsche de su propiedad, que 4 meses después fue atacada por sicarios con armamento de guerra en San Miguel.
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El 18 de noviembre del año pasado, agentes de la Policía intervinieron en el cruce de la avenida Venezuela y el jirón Loreto la lujosa camioneta de placa D7Q-298 en la que se desplazaban Carlos Sulca Cruz, Juan Berríos Navarro y Milton Martínez Velásquez, reveló hoy La República.
En el posterior registro del vehículo y de los intervenidos, los policías hallaron droga, dos armas de fuego, documentos de embarques de dos empresas navieras y dos copias de pasaportes, uno de ellos perteneciente a Gerald Oropeza. Los detenidos fueron conducidos a la Divincri de Miraflores bajo sospecha de pertenecer a una banda criminal.
Ese mismo día, el mayor PNP José Bustamante Huanaco, jefe del Equipo de Investigación de la Divincri de Miraflores, informó al titular de la 38° Fiscalía Provincial Penal de Lima, Carlos Juárez Muñoz, sobre la detención de los amigos de Oropeza López y de todo lo encontrado en la lujosa camioneta.
El 21 de noviembre, el fiscal Juárez pidió todos los actuados sobre el caso que involucraba a los amigos de Gerald Oropeza. Pese a que la Divincri de Miraflores tenía sospechas fundadas de que Carlos Sulca Cruz y Juan Berríos Navarro pertenecían a una organización criminal, el magistrado, en lugar de ordenar 15 días de detención preliminar contra los intervenidos para que la Policía pueda investigarlos, dispuso la liberación de estos un día después y denunciar únicamente a Sulca Cruz por presunta microcomercialización de droga, un delito menor.
Tras conocer la decisión del fiscal Carlos Juárez, el comandante PNP Walter Palomino, jefe de la Divincri de Miraflores, envió un informe completo sobre el caso al magistrado en el que señalaba que existían los indicios suficientes para denunciar a Oropeza López y a sus amigos por el presunto delito de lavado de activos, ya que se hallaron en el Porsche fichas registrales de otros seis lujosos vehículos a su nombre, de una casa de playa San Bartolo, de una vivienda en Lince y un terreno de San Juan de Lurigancho.
Además, el reporte indicaba que también se hallaron copias del movimiento de barcos cargueros, de los códigos de contenedores que llevaban y del diagrama de distribución de los mismos en el puerto del Callao. Llamó la atención de los detectives que Oropeza, como dueño de la empresa Sergero S.A.C., dedicada al rubro de limpieza, “posea esta clase de documentos que tienen el carácter de reservado por medidas de seguridad en el embarque y desembarque”.
La República intentó contactar con el fiscal Carlos Juárez para que explique por qué decidió no iniciar una investigación a Gerald Oropeza y a sus cómplices Carlos Sulca y José Berríos -quienes resultaron heridos cuatro meses después en el atentado al 'narcoporsche'- por el presunto delito de lavado de activos, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta alguna.
SUS MILLONARIOS CONTRATOS BAJO LA MIRA
Otro dato que llama a sospecha: de los 59 contratos por más de S/.216 millones que la empresa del presunto narcotraficante Gerald Oropeza (Sergero) obtuvo con entidades del Estado en los últimos años, casi el 70% de ellos fueron con el Ministerio Público.
Según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), Sergero S.A.C, la principal compañía de Oropeza López, firmó 17 contratos con el Ministerio Público -los cuales siguen vigentes hasta ahora- por un monto de S/.149 millones, desde el 2007 a la fecha.
La mayoría de estos vínculos contractuales de la empresa de Gerald Oropeza con el Ministerio Público se dieron cuando esta institución era presidida por personajes vinculados al Apra, partido del cual fue militante hasta su reciente expulsión tras descubrirse sus nexos con el narcotráfico.
Por ello, la fiscal especializada en lavado de activos, Manuela Villar Ramírez, ha dispuesto investigar todos los contratos de Sergero S.A.C. y sus asociados con el Estado, empezando con los suscritos con el Ministerio Público.
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Foto de cabecera: La República
