Finalmente y bajo la presión generada por los grupos e instituciones que defienden los derechos sexuales y reproductivo de la mujer, este martes la Comisión de Justicia del Congreso retomó el debate sobre el proyecto de ley que plantea la despenalización del aborto en casos de violación sexual, con la presencia de representantes de la sociedad civil que promueven la norma.
El proyecto presentado en octubre del año pasado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), llegó al parlamento como iniciativa ciudadana al contar con el respaldo de más de 64 mil personas.
En la sesión de hoy se presentaron Rossina Guerrero, del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), y María Elena Reyes, de la ONG Manuela Ramos. Ambas defendieron la necesidad de legislar sobre una realidad que alcanza estadísticas preocupantes, ya que 34 de cada 100 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años de edad quedan embarazadas producto de una violación sexual, mientras que nueve de cada diez embarazos de niñas menores de quince años responden a un caso de incesto.
Los miembros de la Comisión que se mostraron abiertos a buscar una solución a esta problemática fueron los congresistas Verónika Mendoza, quien ha apoyado esta iniciativa desde el inicio, así como Mauricio Mulder y Cecilia Chacón, quien puso sobre la mesa la necesidad de reiniciar el debate en torno a la denominada píldora del día siguiente, para que esta sea distribuida por los centros de salud públicos y que no solo esté al alcance de quienes poseen los medios para adquirirla.
Sin embargo, las promotoras del proyecto consideraron que lo propuesto por Chacón no abarca el problema de fondo, puesto que en el país hay muchas jóvenes y mujeres que no solo no poseen los medios económicos sino que tampoco tienen los medios que les permitan informarse al respecto.
El lado ultraconservador lo representaron el resto de congresistas que en un hecho vergonzoso desviaron el debate hacia la reivindicación de que la creencias religiosas sean usadas como argumento en un debate legislativo de un estado laico. Para poner de cereza de la tarta al excongresista Luis Solari, quien se sentó en la Comisión con la pierna en alto acusando quienes recolectaron las firmas a favor del proyecto de mentir.
Pero el debate no solo se dio en el Congreso, sino que en las redes sociales también se pronunciaron cintos de ciudadanos. Lo que no debería sorprendernos es que la mayoría de los comentarios fueron a favor de la iniciativa.
Otro de los momentos cómicos -por decirlo menos- del debate, fue cuando el nacionalista Omar Chehade señaló que la pena de tres meses establecida en el código penal contra la mujer violada que decida abortar, es solo una 'pena simbólica'. Como diciendo que por qué se indignan tanto si igual no van a ir a la cárcel. ¿Acaso con una pena por más 'sombólica' que sea no se está criminalizando a la mujer violada?
Y mientras Chehade y compañía insistían en que el debate no puede 'descristianizarse' porque el 85% de los peruanos son cristianos -sería interesante saber cuántos de ellos lo son por convicción y no por tradición-, Marya Isabel Cedano García de DEMUS, adelantó que se estaría evaluando "la interposición de un Recurso de Amparo por violación al principio de Laicidad del Estado contra el congresista Eguren por haber consultado a la Conferencia Episcopal y al Arzobispo de Arequipa. Es importante que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos respete los procedimientos de la Ley de Participación Ciudadana".
Una medida interesante si tenemos en cuenta que en temas de salud pública las instituciones religiosas no deben tener un factor determinante, a diferencia de las instituciones Estatales como el Ministerio de Justicia que ha emitido una opinión favorable.
"Somos de la opinión que de persistir en la penalización del aborto sentimental estaríamos perpetuando la violencia y discriminación estructural contra la mujer, traducida en la afectación de su autonomía y autodeterminación para realizarse conforme a su voluntad y propio proyecto de vida, la afectación de su salud física, psicológica, sexual reproductiva y social, e integridad personal, responsabilizándola por la ineficacia del Estado en combatir los diversos hechos y delitos que vulneran sus derechos".
Lee aquí el documento completo
Aquí solo una parte del debate
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