Finalmente, cuando el plazo establecido se vencía y obligaba a hacerlo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos decidió recién este martes definir la aprobación o archivamiento del proyecto de ley N° 3839-2014-IC que plantea la despenalización del aborto por casos de violación sexual.
imagen de la sesión de este martes. las únicas aliadas de las mujeres en la comisión: verónika mendoza y rosa mavila.
Sin embargo, la votación fue postergada aún para el próximo martes 21 en medio de la denuncia de congresistas, colectivos y organizaciones que consideran que en el grupo de trabajo presidido por Juan Carlos Eguren se ha violado el artículo 14 de la Ley de Participación Ciudadana, pues teniendo 120 días desde que la propuesta ingresara al Legislativo -en octubre de 2004-, nunca se convocó a la ciudadanía a exponer los argumentos a favor. Incluso, para la sesión extraordinaria de hoy, no se invitó a las promotoras ciudadanas del proyecto.
Asimismo, no se esperó la opinión técnica de la Defensoría del Pueblo, además de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y de La Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sobre la mesa solo se encuentran las opiniones favorables del Ministerio Público y el Poder Judicial, y la única opinión desfavorable del Arzobispo Metropolitano de Arequipa, Javier Ríos del Alva. Algo que llama la atención teniendo en cuenta la laicidad del Estado y que el tema de debate obedece al ámbito de la salud pública, donde instituciones religiosas deberían tener poco que opinar.
Otro dato extraño es que en la agenda de la Comisión de Justicia solo se había planteado la discusión del predictamen negativo sobre el proyecto, argumentando que al interior de dicho Grupo ya se tomó una postura acorde al Código Penal que establece trabajo comunitario para aquella mujer violada que decide abortar.
¿Qué mensaje quiere dar con esto la Comisión presidida por Juan Carlos Eguren e integrada, entre otras perlas, por los ultraconservadores Julio Rosas y Martha Chávez? Pues que todo debe seguir igual: seguir criminalizando a aquella mujer, joven o adolescente, que es violada, queda embarazada y decide interrumpir la gestación. Es decir, culpar a la víctima.
Y en el caso del pepecista Eguren, ¿seguirá jugando al imparcial como en el caso del proyecto de Unión Civil cuyo archivamiento definitivo esta semana provocó su euforia?
Bueno, queda claro para qué lado se inclina el presidente de la Comisión.
Según información compartida por Promsex, en la actualidad son cinco lo países en América Latina que ya han eliminado de sus códigos penales el delito de aborto por violación sexual. En el Perú, las cifras indican que cuatro de cada cinco casos de violaciones sexuales se producen en menores de edad. Además, 90 de cada 100 embarazos de niñas menores de 15 años se debieron a incesto. Asimismo, 34 de cada 100 niñas, entre 10 y 19 años de edad, quedaron embarazadas producto de una violación.
Los espacios donde suelen ocurrir los actos de violación son el hogar, vecindario o escuela. En el caso de las adolescentes quienes las violentaron fueron sus parejas. Según la Policía Nacional del Perú, el 24% de los agresores está conformado por los padres biológicos y adoptivos, padrastros y los profesores.
Hoy colectivos y organizaciones lograron presionar a una comisión congresal y forzarla a debatir un tema de suma importancia escuchando a la ciudadanía y no solo lo que se cree que debe ser impuesto según las creencias particulares de sus miembros.
Queda una semana más de espera para comprobar si los derechos sexuales y reproductivos de millones de mujeres en el país serán respetados o si los prejuicios de grupos fundamentalistas seguirán imponiéndose desde un poder del Estado. A estar atentos.
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