"Terrorismo antiminero”. Este fue el calificativo que empleó el vocero de Southern Copper, Julio Morriberón, el 27 de marzo, al explicar el motivo por el cual la transnacional dejaba el proyecto cuprífero Tía María, en Arequipa.
Luego vino la historia que ya conocemos: la ministra de Energía y Minas, Rosa Ortiz, se pronunció en contra de la salida de la compañía y luego el presidente de la empresa, Oscar González, aseguró que Tía María continuaba. Aplausos por un lado, críticas por el otro. Vivas que se elevaron en primera instancia, y que cayeron después de lo dicho por el gobierno y Southern.
Pero la sociedad civil advirtió sobre el término "terrorismo antiminero". Éste no fue rectificado por la cabeza de la minera (que sí reconoció la necesidad de un diálogo), y más bien es muy empleado al interior del sector mineroenergético (incluidas las instituciones gubernamentales vinculadas a estos temas, aunque no lo digan públicamente).
De hecho, utilizar este calificativo para una protesta, no sólo la que se hace contra Tía María, es muy peligroso, pues prácticamente se busca criminalizar a quienes discrepan de tal o cual proyecto.
Sin embargo, esa tendencia sería defendida por un sector de la clase empresarial. Prueba de ello es lo difundido por quien maneja el Twitter de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE):
Y ante las reacciones de dos periodistas, continuó:
Hay quienes se sorprenden con estas apreciaciones, aunque al recordar quien está ahora al frente de la SNMPE, Carlos Gálvez, la sorpresa es menor:
“... Si además ponemos la consulta previa –que todavía no se ha realizado en actividad minera– a comunidades que no tienen el perfil para ser consultadas, sino que cualquiera que se pone una pluma ya tiene derecho a ser consultado, la cosa será aún más difícil".
Esto fue lo que dijo el año pasado el entonces gerente de Finanzas de la Compañía de Minas Buenaventura, firma accionista de Yanacocha, minera que pretende ejecutar el proyecto Conga en Cajamarca. ¿Mantendrá en la SNMPE ese desdén por los ciudadanos que no quieren contaminación ambiental y exigen el respeto de sus derechos? Por lo menos, su communitty manager pareciera estar alineado.
Esperemos que en el caso de Tía María y otros conflictos prime el diálogo, y que la tendencia a criminalizar toda protesta se deje de lado.