A través de RPP, el vocero de la transnacional Southern Copper, Julio Morriberón, anunció la cancelación del proyecto minero Tía María (cobre y plata) ubicado en el valle de Tambo (provincia de Islay). Asimismo, el funcionario anunció que la empresa se retirará de Arequipa.
Como se recuerda, el 23 de marzo los campesinos y productores agrícolas opositores al proyecto, liderados por la Asamblea de los Pueblos de Arequipa, iniciaron un paro indefinido (que ha dejado varios heridos). Ellos argumentan que Tía María afectaría las actividades agrícolas de la zona. Cabe mencionar también que, ante el descontento social, la gobernadora regional de Arequipa, suspendió el proyecto.
Visiblemente molesto, el representante de Southern Copper, señaló que se llegó a esta decisión debido al "terrorismo antiminero" de algunos dirigentes y actores políticos, como Marco Arana.
Para Morriberón, estos 'activistas' politizaron el tema y engañaron a la población:
"Alguien soltó la noticia en México que ya teníamos la licencia de construcción ( lo cual no es cierto). Yo mandé de inmediatamente a hacer una encuesta para ver la reacción de la población del valle que dio por cierta la información. 67% de la población estaba de acuerdo. Lo que pasa es que el tema se ha politizado. [...] Son los mismos actores que estuvieron hace tres años [contra el proyecto] los que están chantajeando y obligando a la personas a ir a sus manifestaciones", dijo en RPP. [Habría que recordarle a Morriberón que en el caso de Conga también los empresarios dijeron que la población mayoritaria –según una encuesta– estaba de acuerdo con el proyecto ... sin embargo, las elecciones regionales fueron ganadas por Gregorio Santos, gobernador que lideró las protestas en Cajamarca]
Según Morriberón, las protestas en Arequipa no eran representativas ya que solo habían convocado "entre 2,000 y 2,500 personas".
Agregó que Southern Copper siempre tuvo la mejor disposición con los opositores al proyecto. Incluso –aseguró– la empresa ofreció construir una represa pero esta propuesta fue rechazada por la población al considerar que es una tarea propia de Estado.
El proyecto minero Tía María representaba una inversión de US$1,400 millones. Este año debía hacerse la construcción de la mina y la producción estaba proyectada para el 2016.
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