La Municipalidad de Lima construirá tres bypasses en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega, 28 de Julio y Arequipa, para lo cual anuló el proyecto Río Verde y destinó sus recursos para los mencionadas pasos a desnivel. Esto abre otra vez el debate de cómo se concretan las obras grandes en la gestión de Luis Castañeda Lossio.

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El argumento de la gestión de Castañeda es que estos tres bypasses son parte de un proyecto de inversión privada y que, por lo tanto, no requiere de visto bueno Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) ni autorización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Sin embargo, que la inversión sea de un privado no libera del Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI) que debe ser aprobado por el órgano supervisor interno y externo del municipio: Invermet y la japonesa Nippon Koei, tal y como explica Augusto Rey en su cuenta de Facebook. 

El ex regidor Pablo Secada también opinó en esa línea y dijo que es imposible que los estudios previos de un proyecto como el de los pasos a desnivel puedan hacerse en tres meses, más aún cuando en el plan de gobierno de Castañeda no había ninguna mención al respecto. 

"Lo normal es que se hagan estudios de demanda para conocer los reales beneficios del proyecto. ¿Sabemos por qué es más importante este proyecto que Río Verde? No hay estudios de ingeniera, no hay un perfil de la obra. Solo se sabe que se sucederá de todas maneras".

¿Cómo entonces se inicia un proyecto así, sin estudios previos? ¿Cómo está manejando Castañeda Lossio este tema? Nadie lo sabe, pero lo cierto es que Lima no es la chacra del alcalde. 

Pablo Secada tiene una opinión al respecto: 

"La negociación trasciende a la obra. ¿Qué va a pasar con los US$ 60 millones de Vía Parque Rímac? Acá sucede que se han puesto de acuerdo para hacer una cosa y no otra, cambiando la prioridad de los gastos. Hay que ser poco respetuoso de la ley para que alguien diga que esto se puede hacer así nomas". 

Para saber exactamente cómo se está moviendo el dinero de una obra a otra hay que tener los informes financieros y los contratos de concesión para demostrar el equilibro económico del traspaso. Para que se pueda usar el fideicomiso al que se refiere la teniente alcalde Patricia Juárez, no solo hay que tener los documentos anteriores, sino también los informes de los acreedores del BCP, Interbank y Cofide.

¿Quién puede intervenir para exigir explicaciones?

Pablo Secada dice que el Congreso podría intervenir por pedido del Consejo Municipal, como se hizo en la gestión anterior. 

"Un congresista puede exigir información a funcionarios de la municipalidad bajo el argumento de que hay problemas".

Secada considera además que sin un plan urbano y con proyectos improvisados,  la ciudad se desbordará en unos años.

Sobre la posibilidad de que intervenga la Contraloría General de la República, el ex regidor no fue muy optimista, porque para que esta entidad se compre el problema primero debe haber un tema legal de por medio. 

"Castañeda y Juárez están rodeados de gente que sabe de leyes. No creo que sean tan tontos de meterse en un problema así sin tener algún tipo de defensa o sustento legal". 

Secada definió a Castañeda como un "contratista más que un alcalde" pues en realidad lo que está haciendo su administración es no entender los procesos adecuados para ejecutar proyectos.

 "Castañeda se sienta a negociar, le plantean algunas ideas y así se decide si va o no va un proyecto".