No hay que tener una bola de cristal para vislumbrar que la reforma que acaba de aprobar el Congreso, con bombos y platillos, para prohibir la reelección de autoridades regionales y municipales no tendrá el efecto esperado: acabar con pequeños feudos de corrupción en las provincias y gobiernos locales.

Así lo concluye una investigación del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que se apoya en un dato revelador y que pone en contexto el real impacto que pueda llegar a tener una medida salida de un Parlamento urgido de mostrar resultados: Solo 16% de presidentes regionales y 17% de alcaldes distritales se reeligieron el 2014.

Vale la pena, entonces, hacerse algunas preguntas sobre el fondo de este asunto, como si ¿era necesario prohibir la reelección inmediata? o ¿cuáles podrían ser las consecuencias de esta reforma? El IEP, en un estudio, concluye que nada garantiza que prohibir la reelección de autoridades subnacionales,  vaya a ser un mecanismo efectivo contra la corrupción.

Por el contrario,  podría ser contraproducente para el fortalecimiento de las gestiones municipales y regionales, advierten los investigadores del IEP a cargo del estudio, Jorge Aragón y José Luis Incio.

Para Aragón, la aprobación de esta medida es un gran retroceso en el proceso de descentralización.

“Todas las justificaciones que han circulado y que van cambiando, porque ya no solo es el tema de la corrupción sino también el de la alternancia y el restablecimiento del principio de neutralidad en las elecciones, me parece que no son suficientes para justificar una medida que a larga será contraproducente. Es más, de alguna manera se está truncando el proceso de desarrollo de la descentralización, con todas las dificultades que ya traía. Los problemas son otros y requieren de una solución más integral. Están poniendo un parche en un barco que hace agua por todos lados”

Puedes revisar los resultados del estudio completo aquí.

Precisamente, para atacar de manera efectiva los problemas de fondo (desgobierno y corrupción) en las regiones, se debe modificar las leyes orgánicas de gobiernos regionales y de municipalidades para precisar el régimen de incompatibilidades y sanciones a estas autoridades, subrayó el de Derecho Constitucional Gustavo Gutiérrez Ticse.

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