Las posibilidades para extraditar de Bolivia y eventualmente procesar a Martín Belaunde Lossio por el caso La Centralita no están descartadas como se creía, luego de que hace tres semanas la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que preside Javier Villa Stein rechazara el primer cuadernillo de extradición.

Al cierre de este informe, el titular del Primer Juzgado Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, ingresó por mesa de partes de la Corte Suprema el nuevo cuaderno, que él y el fiscal del caso Elmer Chirre han reformulado y aclarado en las últimas tres semanas.

“La Corte Suprema dijo que no se cumplían los requisitos, pues ahora se han levantado las observaciones y los requisitos ya se cumplen”, señaló una fuente vinculada al caso.

Pero está por verse si la nueva solicitud de extradición será vista por la misma sala suprema, pues el objetivo que se han planteado quienes están a cargo del expediente es que dicho tribunal se inhiba de ver nuevamente el caso “porque ya se pronunció sobre el fondo del asunto”.

Por decoro debería inhibirse, señalaron las mismas fuentes a Lamula.pe.  “Si no lo hacen y persisten en ver el nuevo cuaderno, vamos a recusarlos”, anunciaron.

Si todo transcurre según los cálculos de la Fiscalía y el Juzgado, el cuaderno debería llegar a Bolivia dentro de una semana, es decir, entre el 14 y el 15 de marzo. Si estos plazos se cumplen, los mecanismos de ampliación de la detención del ex amigo presidencial se activarán de inmediato y, de modo, cesará el peligro de que el mismo quede en libertad en territorio boliviano.

EL JUEZ CONCEPCIÓN

El juez Richard Concepción Carhuancho está a cargo de la elaboración del nuevo expediente de extradición porque la titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Zaida Pérez Escalante, pidió en los días previos vacaciones.

De acuerdo a las fuentes citadas por Lamula.pe, el cambio ha sido positivo, pues Concepción no solo conoce los hechos por provenir de El Santa, sino que maneja con rigor su trabajo.

El nuevo expediente mantiene los dos cargos por los que se requirió a Belaunde Lossio la primera vez:  peculado y asociación ilícita para delinquir. El lector se preguntará por qué el Perú va a insistir con un delito (peculado) que Bolivia no prevé para un privado como es el exfinancista presidencial.

“Eso no es cierto, en Bolivia hay una casación de la Corte Suprema que sí contempla el delito de peculado para un privado, y estamos incluyendo toda esa documentación”, señaló una fuente vinculada al caso.

El dispositivo en el que el Estado peruano sustentará su nuevo pedido es el artículo 23 del Código Penal boliviano, que señala que “es cómplice el que dolosamente facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso, en tal forma que aún sin esa ayuda se habría cometido; y el que en virtud de promesas anteriores, preste asistencia o ayuda con posterioridad al hecho”.

En este caso, el cómplice es, para el Ministerio Público peruano, Martín Belaunde.

Según el mismo artículo del código boliviano, el cómplice “será sancionado con la pena prevista para el delito”.

“En ningún país del mundo se prohíbe sancionar al cómplice, y en Bolivia la pena es de más de tres años, además, allí las reglas sobre peculado son similares a las del Perú”, señalaron a Lamula.pe fuentes vinculadas al proceso.

HECHAS LAS PRECISIONES

En la quincena de febrero, el juez Concepción ya había asumido el caso La Centralita. Convencido de que el rechazo de la sala de Villa Stein no era definitivo, emitió una resolución pidiéndole al nuevo fiscal del caso, Elmer Chirre, que aclare los términos de las dos imputaciones contra Belaunde: peculado y asociación ilícita.

Chirre y la Procuraduría Anticorrupción revisaron todo el expediente, desde sus orígenes hasta los últimos actuados, y coincidieron, en primer lugar, en que estaban ante un caso “complejísimo”.

Ello, debido a que la gestión de César Álvarez abarcó tres períodos y en el camino fueron apareciendo una serie de hechos delictivos y nuevos personajes cuya participación fue necesario especificar y detallar.

“Al inicio solo había seis imputados, luego han venido las ampliaciones y se han ido sumando diversas situaciones, contextos y actores. La sala penal (que preside Villa Stein) no quiso entenderlo así”, señaló una fuente del Ministerio Público.

Hechas las aclaraciones y las correcciones, los funcionarios de justicia apuntan a que la extradición es un procedimiento que se rige bajo el principio de cooperación sin importar el título o nombre del hecho que se está imputando como delito.

Y un dato adicional e importante: a los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir se sumará en los siguientes días el de lavado de activos.

Como hemos explicado en este portal, se trata de que Martín Belaunde habría utilizado equipamiento de comunicaciones adquirido por César Álvarez con fondos del Gobierno Regional de Áncash y lo habría utilizado en La Centralita bajo la “cobertura” o “fachada” de una oficina de prensa. Así que los dados están echados.

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