Human Rights Watch (HRW) —una de las más prestigiosas organizaciones no gubernamentales que promueve y defiende los derechos humanos—acaba de lanzar su último informe 2015. El documento, que contiene más de 600 páginas, analiza la situación de los derechos humanos en más de 90 países, entre ellos Perú. 

Sobre nuestro país, el balance indica que existe poco progreso en materia de justicia en casos de violación de derechos humanos. Además, señala que existen leyes que escapan a los estándares internacionales que velan por los derechos humanos. 

Muerte durante protestas

Es cada vez más frecuente que en Perú se cometan asesinatos de civiles a manos de policías y/o militares durante protestas sociales contra proyectos de minería y otras iniciativas del sector privado. Esto se agrava porque el Estado no muestra voluntad por sancionar a los responsables.  

“Desde que el presidente Ollanta Humala asumió la presidente en julio de 2011, se reportan 34 civiles asesinados durante protestas sociales a manos de policías. Por ejemplo, en 2012, una protesta en Celendín, Cajamarca, terminó con la muerte de 4 civiles a manos del Ejército. El informe del fiscal que investigó el caso reveló que los disparos fatales fueron probablemente emitidos por fusiles Galil del Ejército, y que no había evidencias de que ninguna de las víctimas estuviera armada. No obstante, el informe indicó que el Ejército no había aportado una copia del plan de actuación, los nombres de los soldados que intervinieron ni datos de las armas de fuego que les fueron entregadas, a pesar del pedido en este sentido, y que era imposible identificar a los autores.”

El informe indica que solo hubo progresos menores en el esclarecimiento de las circunstancias en las cuales se produjeron estas muertes, y en el enjuiciamiento de los policías o militares que emplearon a un uso ilegítimo de la fuerza. En enero de 2014, un fiscal concluyó una investigación, sin presentar cargos, sobre la muerte de cuatro civiles, presuntamente provocada por disparos de soldados durante una manifestación en Celendín, Cajamarca, en julio de 2012, a pesar de que concluyó que los responsables habían incurrido en homicidio doloso.

Las fuerzas del orden no quieren rendir cuentas

Asimismo, el reporte de HRW señala que la aprobación de la Ley N°30151, en enero de 2014, representa otro golpe contra los derechos humanos en Perú. La ley exime a la policía de rendir cuentas cuando estos cometen asesinatos o lesiones a civiles. De modo que la norma se aparta de los estándares internacionales que exigen que los funcionarios de seguridad pública apliquen la fuerza con arreglo a los principios de necesidad y proporcionalidad, y rindan cuentas cuando haya un uso indebido de la fuerza. 

Por otro lado, durante el gobierno de Alan García, en 2010, se aprobó que los miembros de las fuerzas del orden sean juzgados por tribunales militares. Pero diversos órganos internacionales de derechos humanos han rechazado de forma consistente la intervención de fiscales y tribunales militares en casos de violaciones de derechos humanos. Esta decisión lleva en debate varios años.

Juicios irresueltos del pasado

Pese a que Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos cumplen pena de cárcel por casos de asesinatos y desapariciones, aún quedan varios juicios pendientes más antiguos que resolver. Por ejemplo, los abusos ocurridos durante el gobierno de Fernando Belaúnde (1980-1985) y Alán García (1985-1990).  

Según declaraciones de la Defensoría del Pueblo en 2013, el Perú carece de un sistema judicial especializado, con personal y recursos para juzgar los casos. Ello sumado al hecho de que el Estado no muestra voluntad de colaborar con la información ante los fiscales.

“En 2013, el 48 por ciento de los 2.880 casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado que se denunciaron ante fiscalías habían sido rechazados, principalmente debido a que los fiscales no pudieron identificar a los responsables y el Ministerio de Defensa no estuvo dispuesto a aportar documentos que facilitaran las investigaciones. Solamente el 2 por ciento de los casos llegaron a juicio.”

La investigación también indica que la elección de Daniel Urresti, como actual ministro del interior, representa un golpe contra los derechos humanos, puesto que este habría sido el responsable de la muerte del periodista Hugo Bustíos.

“En junio de 2014, el Presidente Ollanta Humala designó como ministro del interior a un exmiembro de la sección de inteligencia del Ejército que estaba siendo investigado por su presunta participación en el homicidio de Hugo Bustíos, corresponsal en Ayacucho de la revista Caretas, en 1988. Dos soldados fueron condenados en 2007 por el homicidio de Bustíos, uno de los cuales declaró en su testimonio que el ministro, Daniel Urresti, había comandado a los soldados que organizaron una emboscada y dispararan contra Bustíos antes de destruir su cuerpo con una granada”.

Torturas

El Congreso adoptó medidas significativas durante 2014 para combatir la tortura. En junio, aprobó un proyecto legislativo que exigía que la Defensoría del Pueblo implemente el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) para cumplir con las obligaciones de Perú con arreglo al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes , que ratificó en 2006. El  proyecto exige que la Defensoría del Pueblo, entre otras cosas, visite cárceles y centros de detención sin previo aviso y vigile sus condiciones, formule recomendaciones proactivas y preventivas y publique un informe anual, pero no indica deben financiarse estas actividades adicionales. En noviembre de 2014, el proyecto se encontraba frenado en el Congreso a la espera de que el plenario aclarara algunos puntos que habían sido planteados por el presidente de la comisión legislativa que trató el texto. 

Libertad de expresión

En 2014, la HRW reporta que, en Perú, es cada vez más común que periodistas que investigan la participación de funcionarios de gobiernos regionales, alcaldes y empresarios en actos de corrupción sean objeto de agresiones físicas, amenazas y juicios penales por difamación. En 2014 se registró un aumento de la cantidad de procesos penales de este tipo.

Derechos reproductivos

En Perú, las mujeres y jóvenes de Perú solamente pueden solicitar abortos en casos de riesgo para su salud o su vida. En junio de 2014, el Ministerio de Salud publicó una guía técnica que describe los procedimientos administrativos que deben cumplir los hospitales al evaluar casos individuales. Las normas suplen un vacío en materia regulatoria que había sido criticado por organismos internacionales de derechos humanos, y permiten que el personal de salud practique abortos en 10 tipos de condiciones médicas, y considere los derechos y necesidades de mujeres y jóvenes que no estén contempladas en estas condiciones, analizando cada caso en particular. El acceso a servicios en situaciones no contempladas en las condiciones estipuladas —por ejemplo, cuando la salud mental de una mujer o joven pueda verse peligrosamente afectada por un embarazo no deseado— queda a discreción de personal del establecimiento, y sujeto a un proceso de apelación interno de este.

Actores internacionales clave

Son varios los actores internacionales que apoyan la lucha de organizaciones no gubernamentales que exigen el cumplimiento de los derechos humanos. Por ejemplo, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer instó a Perú a que adoptara una ley integral para combatir la violencia contra la mujer e implementara una estrategia de lucha contra los estereotipos de género discriminatorios. También recomendó que Perú haga extensiva la legalización del aborto legal a casos de violación sexual e incesto.

Fue gracias a la intervención del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR), en agosto de 2014, que Frecuencia Latina aceptó retirar “La paisana Jacinta”, un programa que buscaba generar risa en la audiencia a partir de la reproducción de estereotipos de la comunidad indígena.

Por último, Perú logró apoyar, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a que se llevara a cabo un fuerte escrutiño sobre violaciones de derechos humanos cometidas en Corea del Norte, Sri Lanka, Bielorrusia, Irán, los territorios palestinos ocupados y Siria.

Puede ver el informe completo aquí. 

(foto de portada: colaboración de Omar Lucas para Lamula.pe)