Si Humala convocó a Legislatura Extraordinaria para que se debata la Ley 30288 y, así, intentar salvarla, los jóvenes respondieron organizándose y cambiando la fecha de la quinta marcha contra la llamada "Ley Pulpín". El 26 de enero será recordado como el día en que el Congreso dio marcha atrás y escuchó a los manifestantes que dieron a conocer su opinión en las calles.

En las cuatro marchas anteriores, se logró reunir a más de 20 mil personas en cada una de ellas. Ahora, el número fue menor, el recorrido más corto, pero la consigna era la misma: ejercer presión a los congresistas para que deroguen la Ley Laboral Juvenil. Marcharon desde la Plaza Dos de Mayo hasta el Congreso. Se detuvieron en la avenida Abancay y ahí hicieron un plantón cerca al Congreso de la República, donde los parlamentarios decidirían sobre los derechos laborales de los jóvenes. Finalmente, antes de las cuatro de la tarde, 91 congresistas votaron a favor del proyecto de ley que proponía derogar la rechazada norma, 18 se opusieron y 5 se abstuvieron.

#LeyPulpín: El origen

En diciembre del 2014, el Pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley que había sido enviado por el Ejecutivo. El impulsor era el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que había recibido propuestas para recortar los llamados "sobrecostos laborales" de la Asociación Peruana de Exportadores (ADEX) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), con la venia de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales (CONFIEP).

El 11 de diciembre, 68 parlamentarios votaron a favor, 12 en contra y 11 se abstuvieron. "Ley que Promueve el Acceso de Jóvenes al Mercado Laboral y a la Protección Social”, era el nombre de dicha propuesta. Sin embargo, la norma recortaba varios derechos laborales.

Los jóvenes, entre 18 y 24 años, que consigan su primer trabajo o vuelvan a laborar luego de estar 3 meses desempleados, no contarían con Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, seguro de vida, asignación familiar, pago de utilidades, ni seguro por trabajo en riesgo.

Ante las críticas, Humala dijo que era opcional (como si en la relación empleador-empleado habría algún poder del trabajador de elegir a su beneficio), dijo varias imprecisiones sobre la ley (lo cual demostraría que ni la había leído o no había entendido lo que leyó) y lo llamó "pagar derecho de piso" para luego estampar su firma y promulgarla el 16 de diciembre.

Luego de ello, se llevaron a cabo multitudinarias marchas que llegaron hasta el corazón del centro empresarial en San Isidro. Se cerró la CONFIEP de manera simbólica por violar los derechos laborales, se produjeron enfrentamientos con la policía, los manifestantes sufrieron la represión y las detenciones arbitrarias, se descubrió infiltrados, y, lo más importante, se hizo sentir la voz de los jóvenes en las calles.

Esperemos que el gobierno no siga aprobando normas sin consultar o sin tomar en cuenta a la población. Los jóvenes organizados han demostrado que las marchas no son en vano. Lograron la derogación de una ley que los discriminaba al dejarlos sin derechos laborales que otros sí tenían.

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