Se presentan como “exbecarios” del Instituto Político para la Libertad (IPL), no como políticos. Tan sólo –aclaran- son libertarios que promueven la defensa en el Perú de la economía de libre mercado.

Seis voceros del IPL iniciaron una rueda de prensa para exponer su posición. Fernando Vigil, coordinador de la conferencia, señaló al inicio que “esta ley se encuentra diseñada para los jóvenes que no tienen ningún derecho, que no gozan de beneficio y es el primer gran paso para flexibilizar el mercado”.

Galhi Sánchez, portavoz del IPL de Chiclayo, afirma que la Ley Pulpín es la adecuada para el crecimiento económico a través de un mercado laboral menos informal. Cita a Alfredo Bullard, que en una columna de El Comercio aseveró que la normativa actual no permite un empleo con mejores expectativas. Para Sánchez, la nueva norma está basada en beneficios que fomentan no sólo la formalidad sino la productividad, ambas variables claves para combatir el subempleo, señala.

Sánchez cita también al premio Nobel de Economía del 2014, Jean Tirole cuando éste afirma que las economías que tardan en efectuar reformas a tiempo, se ven ‘condenadas’ a aplicar medidas de austeridad. “¿Vamos a esperar que la soga nos llegue al cuello?”, reclama el vocero del IPL.

foto: lamula.pe

Por su parte, Raúl Bravo representante de Ica afirma que ellos –como libertarios- tienen claro que la ley debe permitir que el mercado actúe sin intervención del Estado. “No existe un ‘derecho al trabajo’, nosotros desde el liberalismo clásico estamos seguros de que el gran objetivo de esta ley es establecer un régimen laboral que se dirija por las fuerzas espontáneas del mercado, donde se premia la eficiencia y el talento” dice.

Bravo afirma que no hay que analizar la ley desde el mercado laboral, sino desde el emprendimiento. “El Estado no va a dar puestos de trabajo, el Estado tiene que crear las condiciones jurídicas para la inversión privada. La ley es un gran inicio para el gran salto”.

Argumentos similares esgrime Celia Cervera, de IPL Chiclayo, al decir que el “objetivo de la ley es reducir desempleo e informalidad”. Sin la nueva norma “…se impide a los que menos experiencia y educación tienen, competir en el mercado laboral condenándolos al desempleo”. Cervera, a la vez, lanza una crítica a los políticos. “Exhorto a los jóvenes a dialogar, a informarse, a debatir a no dejarse llevar por la demagogia de ciertos políticos. En lugar de ser demagogos, deben ser pedagogos”.

Cervera moteja como “invisibles” a los jóvenes que serán beneficiados con la ley, pues “no son tomados en cuenta, con jornadas laborales de más de ocho horas, sin sueldo mínimo, sin horas extras, ni gratificación. Sin experiencia ni educación. (La ley) No les quita derechos, le otorga derechos a quienes no los tiene”.

Otro miembro de IPL, Erick Flores de Huánuco, reconoció que tuvo reparos iniciales respecto a la ley. “Yo tenía una apreciación diferente estaba en contra de la ley, pero estaba en contra de toda intervención del Estado en materia económica”. “Causa gracia que la mayoría de las personas que han salido a las calles a manifestar quejándose de la ley diciendo que les están robando lo que a generaciones les ha costado conquistar: ¡las famosas conquistas sociales!, no saben absolutamente ningún artículo de la ley. Reclaman cualquier cosa”, dice.

yO SOY…EL ‘STEVE JOBS PERUANO’

“¿Cómo pretendemos conseguir un Steve Jobs y Bill Gates peruanos y que hayan más como Gastón Acurio cuando hay una legislación rígida?” dice el representante de El Callao, Tercero Tolentino. De acuerdo a Tolentino sólo el 25% de 2.5 millones de jóvenes de entre 18 y 24 años tienen acceso a un trabajo formal. La ley permitiría –según él- que los jóvenes fuera de este porcentaje puedan formalizarse, capacitarse y fue enfático en decir que podrían ser “competitivos”.

Todos los ponentes –en resumen- coinciden en que la norma formalizará, capacitará, incrementará productividad, favorecerá a las Pyme y creará emprendedores de la talla de Acurio. “Es un momento histórico” a decir del coordinador principal, Fernando Vigil.

“Si movemos algo de la ley perdería su esencia. Debemos ser aún más flexibles. Si hay que cambiar algo, eso sería ser más flexibles”, responde Vigil para luego intervenir con celeridad Tolentino, “la Ley Juvenil tiene un sobrecosto laboral para contratar a un trabajador del 13%, superior al costo de la Ley de Pymes y Agraria, de alguna forma tiene mayores beneficios y a la vez flexibiliza. La idea es dejarla ahí”.

“La ley no es el cuco y no es del todo flexible: planilla, seguro social, SMV [sueldo mínimo vital]. Y no son sueldos de hambre exactamente. Como liberales creemos que el ‘mejor SMV’ es el que no existe porque [éste] debe estar en función a la competencia y productividad del empleado. Que no existan topes de SMV. Que todo se mida en función a la competitividad del trabajador”, explica Vigil.

“Muchos jóvenes aspiran a sacar su tarjetita de crédito porque van a ser sujetos de crédito si ya se encuentran en planilla. (Además hay) descanso semanal y por feriados, subsidio por invalidez y maternidad y respeto a su sindicalización…No es tan flexible que digamos”, insiste Vigil. “En Chile, tienen 10 días [de vacaciones] y aquí por 15 días nos estamos arañando”.

Y con tufillo misógino, Bravo finaliza: “Esa lógica de establecer un tope mínimo al salario es la falacia de pensar de que el Estado tiene que ponerse del lado de la parte débil y en otros escenarios ésta se presenta como el consumidor o –con el respeto que se merece el sexo femenino- las mujeres”.


[Foto de cabecera: Instituto Político para la Libertad]

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